No aparecen por ninguna parte. Ni en las estadísticas que hablan de población, ni las que analizan los movimientos migratorios, ni en el padrón, ni como usuarios de los servicios sociales. No aparecen, pero están. Viven (o malviven) en una sociedad que desconoce su situación y en un sistema que les ignora. Inmigrantes en situación irregular, personas sin techo, enfermos de salud mental que viven en la indigencia...

Viven al margen de cualquier tipo de ayuda pública porque saben que la Administración no se la puede dar. Para recibir prestaciones, asesoramiento, información... hay que pertenecer al sistema. Es decir, hay que acatar unas normas o conseguir los papeles que les exigen. Para ellos, conseguir la cuadratura del círculo es un imposible. Hasta ahora.

Y es que la Generalitat Valenciana trabajará, por primera vez, con las personas que se sitúan al margen del sistema. La directora general de Inclusión Social, Helena Ferrando, tiene claro que destinar dinero y trabajar en programas para erradicar la pobreza, sin tener en cuenta a las personas que viven al margen del sistema, «no tiene sentido». Con ese objetivo, Helena Ferrando pidió permiso a la Unidad Administradora del Fondo Social Europeo (Uafse) „que es el organismo responsable de administrar los recursos procedentes del Fondo Social Europeo en España„ para poder trabajar desde la Administración con personas en situación irregular. Y lo ha conseguido. De esta forma, la Generalitat impulsa un proyecto pionero que espera ver resultados a tres años vista.

Hasta el 2020, la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas dispone de 30 millones del Fondo Social Europeo (la ayuda era de 110 millones de euros pero cuando el Consell accedió al Gobierno solo disponían de 30) para poner en marcha políticas centradas en erradicar al pobreza. Para trabajar con personas en exclusión social (con o sin papeles) la conselleria destina 5 millones „para este año y el año que viene„ que se repartirán entre ONG y ayuntamientos, con el objetivo de que contraten a personal que atienda a un colectivo invisible al que tendrán que ir a buscar.

Itinerarios individuales

Así, las ONG „especializadas en trabajar con personas en situación irregular„ y que se hayan presentado para participar en el programa recibirán 60.000 euros para contratar a una o dos personas. Los ayuntamientos recibirán 150.000 euros para contratar a dos o tres personas (una de ellas como coordinador) que pasarán a formar parte de la plantilla de servicios sociales y que centrarán sus esfuerzos en salir a la calle, detectar y ayudar a los más vulnerables del sistema.

Ahora bien, este programa no se centra en la inserción laboral pura y dura. Para eso ya está en Servef. «Se trata de que estas personas que van a ser contratadas realicen un diagnóstico individual tanto de acogida como socio-laboral para cada una de las personas que van a ser atendidas. Es decir, primero hay que realizar un diagnóstico socio-laboral de cada uno; luego hay que realizar un itinerario socio-laboral (si falta un contrato de alquiler para conseguir el permiso de residencia, si se necesita un contrato de trabajo para conseguir un alquiler...); y, en tercer lugar, se desarrollarán las competencias porque muchos de los usuarios que vamos a atender no controlan el idioma, no saben manejar un ordenador, ni tan siquiera conocen la ruta de los autobuses.... Por último se realizará la fase de acompañamiento y alfabetización porque sin eso no hacemos nada», explica al directora general Helena Ferrando.

La conselleria publicará esta semana los ayuntamientos a los que les concederá la ayuda de 150.000 euros tras exigirles que acrediten la existencia de barrios degradados, la tasa de pobreza, el número de colegios CAES (Centros de Atención Educativa Singular) o el número de enfermos mentales que atienden en el centro de salud, entre otros.

«Se trata de recuperar la figura del educador social que recorría las calles en busca de usuarios, de personas excluidas del sistema por diferentes motivos a las que poder ayudar», recalca Helena Ferrando. El programa tiene un plazo de tres años y trabajará, por primera vez, con los que no tienen los papeles en regla.