La aplicación de políticas de transparencia y buen gobierno en la Comunitat Valenciana no sólo se encuentra con el problema del solapamiento de funciones entre organismos y con el recelo de altos cargos a los que les afecta. El talón de Aquiles está en que no hay nadie dispuesto a aplicar el régimen sancionador. El PP ya puso a prueba al Consell hace unos meses con un asunto quizás menor, pero que evidencia que una cosa son las normas y otra su aplicación real.
Dos diputados populares solicitaron hace unos meses al conseller de Transparencia Manuel Alcaraz que incoara un expediente sancionador contra los altos cargos que no habían cumplido con su obligación de publicar en el portal de Transparencia el currículum y la reproducción gráfica de sus títulos. Una andanada que, entre otros, tenía como foco al presidente Ximo Puig.
Alcaraz pidió un informe a la Abogacía de la Generalitat y al Consell de Transparencia y la conclusión fue que la normativa actual no determina con claridad a qué órgano le corresponde sancionar cuando se incumple la ley. En su respuesta a Alcaraz, el Consell de Transparencia aprovechó para hacer notar que la conselleria no había aprovechado la ocasión para determinar cuál era el órgano competente. Y sin verdugo es difícil aplicar castigos.
