José María Benavent es de Sollana, tiene 87 años y padece alzhéimer desde 2009. Su enfermedad ha entrado en la fase 3, la última, en la que el paciente depende por completo de terceras personas. Necesita ayuda incluso para las tareas más básicas y pierde tanto la memoria reciente como la remota. Como muchos valencianos, este sollanero trabajó en Francia y Suiza durante temporadas en las que escaseaba el trabajo aquí. Fue vendimiador, por lo que cobra una pensión de unos 300 euros junto a la asignación de 900 euros que recibe de la Seguridad Social.
Hasta el momento, la Ley 35/2006 de 28 de noviembre del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas no obligaba a José María a declarar sus retribuciones. Sin embargo, la entrada en vigor de la Ley 26/2014 de 27 de noviembre, que sustituye a la anterior, que establece que las personas físicas deben de tributar incluyendo todas las pensiones independientemente del lugar de donde procedan, y que además es retroactiva a cinco años, ha afectado directamente a este ciudadano, a quien el Ministerio de Hacienda le reclama ahora cerca de 10.000 € entre impuestos e intereses de demora acumulados al no haber declarado las retribuciones correctamente y en su debido momento.
La familia de José María Benavent se siente «indignada» porque, además de ser una «ley injusta para recaudar con carácter retroactivo, mi padre tiene Alzheimer desde 2009, por lo que su discapacidad debería de ser suficiente para no estar obligado a declarar estas
remuneraciones», explica Alfonso Benavent, hijo de José María. En este aspecto, Alfonso asegura que para que su progenitor se libre de tener que declarar esta pensión, Hacienda le requiere el certificado de minusvalía, que la familia ha tramitado a toda prisa pero no lo recibirá seguramente hasta el próximo año. Pese a no tener este documento, Alfonso dice tener pruebas de cuando le diagnosticaron la enfermedad a su progenitor, como cuando estuvo ingresado en un centro especializado en 2010, y asegura que hace un lustro solicitaron la ayuda a la dependencia, la cual cobran desde hace unos 3 años. Todos estos argumentos deberían de servir para justificar la enfermedad que padece el anciano en los años que se le reclaman las cantidades y asegurarse de estar libre de pago.
Sin embargo, Hacienda exige el certificado para que se demuestre la incapacidad del anciano, y sin ese documento, José María debe pasar por caja. En este aspecto, Alfonso considera que «el certificado de minusvalía debería de ser también retroactivo, porque ahora se nos exige pagar unas cantidades que mi padre no tiene porqué pagar, pues lleva enfermo desde 2009». No obstante, el reconocimiento oficial de la minusvalía solo se aplicará a partir del año en que lo logre.
Hacienda exige al sollanero unos 2.000 € por cada uno de los últimos 5 años en concepto de regularización. Alfonso explica que ha solicitado el pago aplazado de 2015, aunque no sabe cómo van a afrontar las otras cantidades, por lo que pide a la administración que tenga en cuenta la enfermedad de su padre en estos años anteriores. También asegura que las notificaciones que les han llegado dicen que tendrán que abonar «una multa por la demora que todavía no conocemos». «Nos han dicho que, si no pagamos los hijos, puede que nos quiten incluso la casa». La familia se siente engañada y no entiende cómo van a denunciar a su padre «como si fuera un delincuente cuando en realidad se tuvo que marchar al extranjero al faltar aquí el trabajo».
