Además de un endurecimiento de las penas, desde Stop Accidentes, Aspaym y la Plataforma Motera exigieron ayer que la seguridad vial sea «una prioridad política y un compromiso formal de todas las instituciones del Estado» y que se incluya en los currículos escolares. El delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Moragues, presente en la concentración de ayer, aseguró que se trata de un «asunto de Estado» y también incidió en la idoneidad de impartir la «educación vial desde edades tempranas». Por su parte, José María Ángel, director general de la Agencia de Seguridad y Respuesta a las Emergencias -que asistió en representación del Consell-, afirmó que «es importante adoptar medidas de seguridad», tanto desde los gobiernos como la ciudadanía. «Siempre que hay una víctima, hay una corresponsabilidad compartida» y reconoció que aunque han descendido los accidentes en los últimos años (un 9 % en una década), «la sociedad aún debe mejorar mucho». m. b. b. valencia