21 de noviembre de 2016
21.11.2016

El PP logra otra condena por opacidad y Soler recurrirá "por mala fe"

El conseller de Hacienda asgura que había llegado a un acuerdo con Císcar para que accediera a la información, pero el exivcepresidente interpuso la demanda igualmente

21.11.2016 | 21:18

La Conselleria de Hacienda y Modelo Económico recurrirá en casación la sentencia de la Sección 5ª de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que ha estimado el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el diputado del Partido Popular José Ciscar, quien denunció a la Generalitat por opacidad. Esta es la tercera sentencia en este sentido que afecta al Consell.

En esta ocasión, el exvicepresidente Císcar reclamó la remisión de una copia "en soporte informático" de todos los informes de fiscalización e intervención previa emitidos por las diversas intervenciones delegadas de las conselleries y, en su caso, por la Intervención General, entre julio de 2015 y enero de 2016. El departamento de Hacienda que dirige Vicent Soler censura la "mala fe" del grupo popular de las Corts por "emplear argumentos falsos", especialmente, el de que la documentación solicitada, que abarca miles de papeles repartidos por todos los expedientes obrantes en las intervenciones delegadas, "es una documentación de la que dispone el Consell en soporte informático y es fácilmente trasladable" a su grupo.

Según la cartera de Soler, "el recurrente es perfecto conocedor, porque hasta junio de 2015 formó parte del Gobierno de la Generalitat, de que la documentación que asegura que está informatizada no lo está en modo alguno". En este sentido, fuentes de Hacienda explicaron que "como muestra de la precaria implantación de la Administración electrónica a junio de 2015, baste subrayar que solo el 12% de los trámites administrativos se realizaba por vía telemática, con un enorme retraso respecto a otras administraciones. En el caso específico de la Intervención, esos documentos no existen en soporte informatizado", aseveraron las mismas fuentes.

El fallo se produce pese a que la conselleria, a través de la "satisfacción extraprocesal", accedió "en su totalidad" a las pretensiones del diputado demandante, aseguran en Hacienda, "a fin de facilitarle su derecho de control de la labor realizada por el Consell", comunicándole que esos informes están custodiados en las intervenciones delegadas de cada una de las conselleries y en la de Presidencia y, en su caso, en la Intervención General, indicándole que esos papeles le serán "puestos de manifiesto en el lugar, día y hora que concierte con cada una de las intervenciones delegadas y con la Intervención General".

El diputado recurrente aceptó implícitamente esta satisfacción extraprocesal al dirigirse a cada una de las intervenciones delegadas, como admite en su demanda, e incluso se personó en las dependencias de la Intervención General a fin de establecer un calendario de acceso a la documentación. Es más, se llegó a acordar con el diputado centralizar la puesta a disposición de los papeles en las dependencias de la Intervención General, a fin de evitar que tuviera que desplazarse a cada una de las intervenciones delegadas. Sin embargo, mientras mantenía estas negociaciones formalizó la demanda ante el TSJCV poniendo en evidencia que "lo que se busca son condenas y no información, porque ésta la tenía garantizada ya por la conselleria, seguramente para blanquear su pasado, ya que el anterior ejecutivo fue el Consell más opaco en la historia de la Generalitat".

"Lo que se busca son condenas y no información, porque ésta la tenía garantizada ya por la conselleria, seguramente para blanquear su pasado, ya que el anterior ejecutivo fue el Consell más opaco en la historia de la Generalitat", lamentaron desde el actual Ejecutivo valenciano.

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