22 de noviembre de 2016
22.11.2016
Caso Taula

Barberá responsabiliza a Novo y Grau de las campañas investigadas en Taula

La exalcaldesa niega conocer las cuentas opacas del PP-VLC y las donaciones que recaudaba García-Fuster

22.11.2016 | 08:00
Rita Barberá a su llegada al Supremo.

La «jefa» durante veinticuatro años en el Ayuntamiento de Valencia y exalcaldesa, Rita Barberá, delegó ayer en sus dos más directos colaboradores y portavoces en el grupo municipal del Partido Popular (Alfonso Grau y Alfonso Novo) el control de las campañas electorales municipales investigadas en el «Caso Taula» por blanqueo de capitales y delito electoral (financiación ilegal del partido), según ha podido saber Levante-EMV de fuentes conocedoras de su declaración.

La actual senadora -en el grupo mixto tras abandonar el PP por su imputación en la trama del pitufeo- se sentó ayer por primera vez en el banquillo de los acusados del Tribunal Supremo, donde declaró por su condición de aforada ante el magistrado Cándido Conde-Pumpido y el fiscal del Supremo, Juan Ignacio Campos. Barberá se negó a contestar a la abogada del PSOE, personado en la causa como acusación particular.

A grandes rasgos, la exalcadesa repitió los argumentos esgrimidos en el escrito que dirigió al juzgado de Instrucción 18 de Valencia el pasado 1 de abril. Aunque añadió matices muy reveladoras en los que apunta a sus más estrechos colaboradores como responsables de las decisiones que se investigan en Valencia y se desmarca de sus decisiones en los periodos electorales. Según Barberá, su única «misión» en las campañas electorales era «sacar votos». Era la candidata a la alcaldía, la cabeza de lista, pero nunca formó parte de los comités de campaña que se creaban para auparla como alcaldesa, aunque sí admitió que existía «una relación constante» con los concejales que lo formaban, que eran prácticamente casi todos de los 20 de ediles que logró el PP en las elecciones municipales de 2011.

Aunque al ser preguntada por su letrado, el exmagistrado José Antonio Choclán, sobre quién controlaba los ingresos y gastos durante la campaña electoral fue cuando la exalcaldesa apuntó directamente a sus dos portavoces: el exvicealcalde Alfonso Grau (pendiente de la sentencia del Caso Nóos e imputado por delito electoral en esta pieza y por cohecho en otra investigación) y el anterior portavoz del PP, Alfonso Novo, investigado por el pitufeo. De hecho, también delegó en ambos el control del funcionamiento normal del grupo municipal popular que era, según sus palabras, «el brazo político de la alcaldía y del gobierno municipal».

Barberá también se desmarcó de forma rotunda de la que ha sido su alter ego durante los veinticuatro años que estuvo al frente de la alcaldía y más estrecha colaboradora, Mari Carmen García-Fuster, la secretaria del grupo municipal popular. La exalcaldesa aseguró desconocer la existencia de las dos cuentas bancarias que manejaba su amiga íntima. «Desconozco todo absolutamente de las cuentas». E, incluso, las donaciones «anónimas» que García-Fuster se encargaba de recoger de la mano de un recaudador que no quiso identificar.

El letrado de García-Fuster es el cuñado de Rita Barberá, pero la exalcaldesa sostuvo ante el juez del Supremo que se enteró por la prensa de los 317.050 euros logrados por el PP entre 2002 y 2014. Un total de 245.450 euros entre 2006 y 2014, según el juez instructor del «Caso Taula». «La señora Fuster no me comunicó, ni me dio cuenta de esas aportaciones», afirmó la exalcaldesa. Aunque acto seguido negó rotundamente que en la formación que ella lideraba en Valencia «se produjera ningún tipo de financiación ilegal».

También rechazo que el partido tuviera una «caja B» (de dinero en negro, procedente de mordidas) o que conociera las presuntas comisiones pagadas por contratistas a su exconcejala de Cultura, Maria José Alcón. Barberá aclaró que «nunca» intervenía en las adjudicaciones, que «prohibió entrar en su despacho» a empresarios que aspiraban a resultar adjudicatarios y que «no era consciente» de las conversaciones telefónicas de «terceras personas» [en referencia a su exdil y mujer de Alfonso Grau, Maria José Alcón, también imputada en la causa] con Marcos Benavent ya que no tuvo «intervención alguna» como alcaldesa en los contratos celebrados «desde 2005». Todas estas cuestiones fueron introducidas por su abogado, a pesar de que Barberá no está siendo investigada por financiación ilegal del partido.

Sobre los famosos 1.000 euros, que Barberá fue la última en aportar al grupo municipal, la exalcaldesa sí admitió haberlos pagado aunque rechazó rotundamente que se le devolvieran en dos billetes de 500 euros, como admiten cinco asesores y la exconcejala Alcón. Tampoco recordaba el secreto mejor guardado hasta ahora: quién propuso aportar los mil euros y quién se lo dijo a ella.

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