El juzgado de Instrucción número 4 de Valencia investiga un presunto caso de cobro de comisiones por parte de Ribera Salud, la concesionaria de cuatro de los cinco hospitales de gestión privada en la Comunitat Valenciana (Elx, Alzira, Torrevieja y la Marina), según confirmaron fuentes judiciales. La investigación de esta presunta red de cobro de «mordidas» la inició la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (Udef) de la policía nacional gracias a la documentación aportada por un sindicato.
La actuación policial, denominada «Operación Mordida», ha sido secreta aunque fuentes conocedoras de la misma relataron ayer que en el marco de esta investigación han tomado declaración a personal de la empresa que dirige Alberto de Rosa así como a médicos. Tras varios meses de investigación, la Udef acudió al juzgado de instrucción que dio parte a la Fiscalía Anticorrupción al afectar a fondos públicos de la Conselleria de Sanidad. Ribera Salud no confirmó ayer ningún interrogatorio y desde la concesionaria aseguraron no tener constancia de las pesquisas.
En concreto, la investigación se está realizando a la empresa B2B, del Grupo Ribera Salud y de la que son administradores De Rosa y Pablo Gallart, que también aparecen en la investigación. Esta mercantil es una central de compras on line de productos y servicios médicos. En concreto, las pesquisas se centran en la compraventa de productos protésicos. A saber: marcapasos, lentes intraoculares, prótesis mamarias y de rodilla, cadera y hombro. Según fuentes conocedoras de la investigación, el montante de las comisiones ascendería a un millón de euros y el periodo de investigación se extiende a mayo de 2015.
Fuentes conocedoras de la investigación explicaron que B2B pactaba con los proveedores protésicos el pago de una comisión para garantizarse al mercado de las cuatro zonas sanitarias que administra Ribera Salud en la Comunitat Valenciana. En el caso de las prótesis, los proveedores facturan directamente a la Conselleria los productos que los médicos del sistema sanitario les encargan a través del sistema Hera.
Y es ahí donde entraba la presunta trama, ya que Ribera Salud habría recomendado a sus médicos la receta de determinadas marcas de prótesis, concretamente las adscritas a la central de compras B2B. Así, Ribera Salud garantizaba un mercado a sus proveedores y el presunto cobro de una comisión por cada producto facturado que rondaba supuestamente y según la investigación entre el 5 y el 40 % del coste total sin IVA que la empresa proveedora giraba directamente al departamento que dirige Carmen Montón.
Según las mismas fuentes, la supuesta comisión pagada por los contratistas a Ribera Salud se habría justificado por ambas partes como gasto docente. Una manera, según los investigadores, de poder justificar legalmente tanto los ingresos como los gastos.
A preguntas de este periódico, la Conselleria de Sanidad negó conocer la investigación y que, según las mismas fuentes, ni el juzgado ni la policía les ha solicitado ningún tipo de documentación sobre la facturación de productos protésicos en los cuatro hospitales públicos gestionados por Ribera Salud.
