La batalla por el control de Divalterra que el viernes pasado se saldó con la retirada temporal de funciones al director jurídico, José Luis Vera, puede acabar con la entidad antes conocida como Imelsa más delgada de lo que hoy es, cuando reúne una nómina de cerca de 700 empleados distribuidos en media docena de departamentos: gestión forestal, medio ambiente, regeneración de zonas verdes, promoción económica, turismo y planificación municipal estratégica.

Es el planteamiento que Jorge Rodríguez, el presidente de la Diputación de Valencia, de la que depende la entidad pública, va a poner encima de la mesa. El socialista tiene prevista mañana una reunión con los representantes de Compromís „el principal socio de gobierno„ sobre el futuro de una empresa que en la etapa del PP tuvo al «yonqui del dinero», Marcos Benavent, como gerente y fue uno de los focos de corrupción.

Los planes no son improvisados, aseguran en su equipo. Se vienen masticando desde el verano, añaden, pero coinciden con un momento especialmente delicado para la rebautizada como Divalterra, con informes del jefe jurídico que denuncian irregularidades del gerente socialista, Víctor Sahuquillo, y expedientes de contratación del departamento jurídico puestos en tela de juicio.

Aligerar la estructura organizativa de la entidad es el objetivo actual de Rodríguez. El tronco han de ser las brigadas forestales. El resto de competencias figuran también entre las de la propia diputación y pueden ser asumibles.

Todo está abierto, señalan fuentes próximas al presidente de la corporación provincial, que ya ha mantenido algún contacto previo con los socios. Incluso se podría discutir el modelo de cogerencia (Sahuquillo comparte el cargo con Agustina Brines, de Compromís). Lo que se infiere de estos planteamientos es que, después de año y medio, la cúpula de la diputación no está satisfecha con el cambio alcanzado.

De acuerdo con la documentación judicial del caso Taula, en la estructura directiva de Divalterra quedan varios cargos cuyos emolumentos solo los conocía la exdirectora de recursos humanos. Esta fue una operación de Benavent para esquivar en 2011 un recorte salarial a él mismo y otros directivos, según ha podido saber este diario. Entre los incluidos figuran también altos técnicos que entraron después y que han colaborado en desenredar la maraña del caso Taula.

La salida de Vera, que debe ser aprobada por el consejo de administración y que ha coincidido con una baja laboral ya prevista, podría no ser así el único movimiento en el organigrama.