La adscripción de los proveedores de material protésico a la plataforma de gestión online B2B —que les aseguraba introducir sus productos en los cuatro hospitales gestionados por Ribera Salud en la Comunitat Valenciana (Alzira, la Marina, Elx y Torrevieja)— se regía por un contrato firmado entre las partes al que ha tenido acceso Levante-EMV y que ha motivado el inicio de la investigación. En este documento se establecía entre las partes tanto el precio fijo al que el proveedor debía ofrecer sus productos a la plataforma como el porcentaje de las presuntas mordidas que se quedaba B2B por la transacción, que venía estipulado en la cláusula sexta. Según la redacción de este artículo, las empresas protésicas se obligaban a pagar un porcentaje (de hasta un 40 %) a B2B sobre lo facturado a los hospitales que estuvieran dentro de la plataforma bajo el nombre de «cuota de facturación».
Las empresas se obligaban además por este contrato a pagar esa «cuota de facturación» en un plazo estipulado y a mejorar el precio pactado con B2B de los productos si una tercera empresa llegaba a ofrecer el mismo producto mejorando su precio en, al menos, un 5%. Una de las cláusulas más amplias de este contrato -que firmaba el propio Alberto de Rosa como representante de B2B- es la que se refiere a la confidencialidad que debían guardar ambas partes.
De hecho, tanto la plataforma como los proveedores se obligaban a no divulgar la información confidencial y a que solo los empleados «directamente relacionados» con la ejecución del contrato fueran informados. Las empresas debían guardar el secreto sobre estas informaciones no solo mientras durase el compromiso sino hasta cinco años después de que éste expirara y tampoco podían guardar copia de los documentos.
