El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, aseguró ayer que el Gobierno no está de acuerdo con la multa de 18,9 millones de euros que la Comisión Europea impuso a España por las «serias negligencias» de la Generalitat Valenciana y que por eso la tiene recurrida.

En el pleno del Senado, en respuesta a una pregunta del senador de Compromís Jordi Navarrete, Montoro se refirió así a la sanción que la CE impuso a España por las negligencias de la Generalitat Valenciana al elaborar sus estadísticas sobre el déficit y comunicárselas a Eurostat durante el Gobierno del PP.

Navarrete se quejó de que el Ejecutivo haya derivado esa sanción a la Generalitat, cuando la CE -según citó textualmente- impone la multa al Estado español, al que hace responsable de actuaciones de sus estructuras regionales, federales o descentralizadas.

Montoro señaló asimismo que la culpa de la sanción es del antiguo Gobierno del PP en la Generalitat, que fue «negligente, mentiroso y mal gestor». El ministro argumentó que la ley obliga a esa derivación, ya que aunque la CE habla sobre el Estado español, España tiene sus propias regulaciones internas, como la ley de estabilidad presupuestaria, que obliga a trasladar las consecuencias de una infracción al que infringe la norma. El ministro insistió en recordar que el Gobierno no está de acuerdo con la sanción, la pague quien la pague, y que por eso la recurrió ante instancias de la justicia europea. También hizo hincapié en que fue el Ejecutivo de Rajoy y él mismo como ministro quienes promovieron el «descubrimiento» de esa causa.

Un cobro ya ejecutado

Hace dos semanas se conoció que el Ministerio de Hacienda había ejecutado el cobro de los 18,9 millones de euros de la multa europea por el gasto oculto de facturas en la Comunitat Valenciana que provocaron que se tuviera que revisar el déficit que España había comunicado a Bruselas. La Generalitat se ha negado en reiteradas ocasiones a asumir la multa porque alega que el actual Consell alega que no tuvo responsabilidad alguna y que el Gobierno no actuó correctamente en su labor de vigilancia pese a que ya existían denuncias durante años del Síndic de Comptes que advertían de la ocultación de facturas.