23 de noviembre de 2016
Propuestas de los partidos

La pobreza energética, a dos velas

La proposición de ley presentada hace un año por Podemos, con las enmiendas de todos los partidos presentadas, se halla paralizada en las Corts - Todos los grupos coinciden en exigir a las eléctricas que avisen a los servicios sociales antes de cortar la luz

23.11.2016 | 08:13
La pobreza energética, a dos velas

Mientras avanza el frío y se acerca el invierno, hay un proyecto de ley para paliar y reducir la pobreza energética en la Comunitat Valenciana que hiberna entre el marasmo burocrático de las Corts. La propuesta fue presentada por Podemos en noviembre de 2015, hace justo un año, para evitar que ninguna familia sufriera un corte de luz por no poder pagar el recibo. También pretende acometer represalias contras las empresas eléctricas que no atiendan a unos mínimos sociales. En primavera todos los grupos políticos ya habían presentado las enmiendas. Pero la tramitación parlamentaria está paralizada desde el 25 de mayo. Y sigue sin fecha de reactivación.

El análisis de la proposición de ley y las 62 enmiendas, a falta del debate y la aprobación del texto consensuado por la mayoría de la cámara, permite ver las posiciones de cada grupo ante un drama soterrado que la semana pasada mostró su arista más amarga con la muerte de Rosa, la anciana de Reus cuya casa ardió por culpa de la vela con la que se iluminaba tras haber sufrido un corte de luz.

Todos los grupos coinciden en un punto básico: en el caso de que una empresa comercializadora de energía (agua, electricidad o gas) quiera proceder al corte del suministro por razones de impago, «deberá comunicar dicha circunstancia a los servicios sociales municipales para que estudien la situación del hogar en riesgo de situación de pobreza energética, de manera previa a que se efectúe ningún tipo de restricción o corte en el suministro». Los servicios sociales tendrán sesenta días para averiguarlo y contestar.

La proposición de ley prevé ayudas para el pago de los consumos energéticos de los hogares considerados vulnerables, declarados así por su situación de pobreza o por recibir las rentas mínimas de inserción o la renta garantizada de ciudadanía. En concreto, plantea que los hogares en situación de pobreza «extrema» reciban un pago del 100 % del conjunto de sus tarifas energéticas: electricidad, agua y gas. Para las viviendas en situación de pobreza «severa», propone que reciban el 35 %, que alcanzaría el 50 % a partir de un hijo o persona dependiente a su cargo, hasta un máximo del 100 %. En cuanto a los hogares en pobreza «relativa», pide que el Consell les pague hasta el 20 % de su factura.

En sus enmiendas, el PP pide que los hogares vulnerables a la pobreza energética reciban un pago del 100 % del conjunto de sus tarifas energéticas. El PSPV aboga por que tengan «acceso a una ayuda para el pago de los insumos energéticos en las condiciones sobre cuantía y duración» que marquen los servicios sociales. Compromís pide atender a «las particularidades de cada caso», según situación económica y eficiencia energética del hogar, para aprobar las ayudas pertinentes.

¿Y quién paga la luz a las familias que no puedan costearse el recibo eléctrico? En este tema hay disparidad de criterios. La proposición de Podemos pide que esa ayuda recaiga en la Generalitat. El PP pide que el dinero lo adelanten los ayuntamientos y que en menos de treinta días se lo reintegre el Consell. El PSPV propone que en esta ayuda participen también «las diputaciones y el resto de entidades locales, incluidos consorcios y mancomunidades con competencia en la materia».

Compromís se desmarca al pedir la creación de un Fons Valencià per a l'Eficiència Energètica i de Garantia de Subministraments Bàsics, que se nutriría de fondos públicos y también de aportaciones de las empresas suministradoras de energía, gas y agua.

Un bloque importante de la proposición de ley sobre pobreza energética es la posibilidad de sancionar. El texto base presentado por Podemos estipula dos tipos de sanciones a las empresas de suministro eléctrico. Una infracción grave, penalizada con una multa que podría oscilar entre los 3.005 y los 15.025 euros, sería cortar el suministro a un hogar sin comunicación previa a los servicios sociales, o cortar el suministro a una familia mientras esté tramitándose su solicitud de declaración de hogar vulnerable. Una infracción muy grave, penada con multas de 15.025 a 601.012 euros, sería la reincidencia en la comisión de este tipo de infracciones en el término de un año.

Ésa es la propuesta de Podemos. El PSPV se opone: pide suprimir el capítulo de sanciones. El PP reclama que solo se considere infracción muy grave cuando haya reincidencia de más de una infracción en el mismo municipio en el término de un año y se remite a las sanciones de la regulación general común, sin «vía valenciana».

Ciudadanos es el grupo que más rompe la tónica general. Las únicas sanciones que propone son para aquellas personas que mientan o aporten datos falsos para conseguir ayudas para la pobreza energética o aquellas familias que, tras perder los requisitos que las hacen perceptoras de la prestación, no comuniquen su nueva situación. Ciudadanos pide que en ambos casos se les castigue con una multa cuya cuantía oscile «entre el doble y el quíntuple de las prestaciones que hubieran percibido». De momento, todo ello solo es papel. Y el frío sigue avanzando.

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