Jorge Rodríguez, presidente de la Diputación de Valencia, tuvo ayer que reconocer a Compromís, sus socios de gobierno, que efectivamente se han producido incidencias en Divalterra, la empresa pública heredera de Imelsa, entidad que ha focalizado la corrupción del PP en los últimos años. Un año después de que PSPV y Compromís pactaran que la firma debía tener dos cogerentes por aquello del mestizaje del gobierno del Botànic y por evitar que se volvieran a producir desmanes como los de Marcos Benavent, los socialistas han admitido que su representante al frente de la empresa, Víctor Sahuquillo, ha incurrido en «incidencias», que no irregularidades, y han asegurado que estas «no volverán a ocurrir».

Así lo expusieron ayer en una reunión a la que asistieron el presidente Rodríguez, la vicepresidenta MªJosep Amigó y los portavoces socialistas y de Compromís, Pablo Seguí y Xavier Rius, respectivamente. En el encuentro los miembros de la coalición valencianista expusieron sus reparos respecto a la gestión de Sahuquillo y las últimas informaciones publicadas, como dietas y menús de ejecutivo que incluían alcohol detectadas por la auditoría interna, por ejemplo, o la fragmentación de contratos menores para evitar que llegaran a 18.000 euros, cantidad a partir de la cual debe también contar con la firma del otro cogerente para poder ser adjudicado. «Esta fragmentación no es ilegal, pero rompe con el acuerdo alcanzado entre ambos partidos para que los dos cogerentes estén al corriente de todos los movimientos», explicaron fuentes conocedoras del encuentro. Además, resaltaron respecto a los gastos superfluos que se pasaron a las cuentas de Divalterra que estos gestos «no se ajustan a los criterios de austeridad que tienen que regir las actuaciones de los cargos públicos y de confianza de la institución».

Legalidad de los contratos

Ante este conflicto abierto en el seno de la dirección de la empresa pública, Jorge Rodríguez aseguró que se trasladará a Sahuquillo, al ser cargo de confianza suyo, unas «directivas claras para evitar que hechos así se puedan volver a repetir». «Nosotros estaremos atentos para que esto se cumpla y confiamos en que así sea, que no se vuelvan a repetir incidencias como estas», explicaron fuentes de Compromís.

Por otra parte, fuentes de la diputación resaltaron que se han despejado las dudas acerca de las sospechas en los pagos realizados a la abogada encargada de la personación en el caso Taula. «La auditoría externa ha confirmado que los pagos ´corresponden´ con los servicios prestados y cumplen con la normativa de contratación administrativa».

El estudio, encargado a la consultora RSM Spain ante las dudas que se habían originado respecto a si los pagos correspondían a la tarea hecha, «constatan que los trabajos abonados por Divalterra se ajustan a la tarea realizada por la letrada en los tres frentes judiciales en que representa a la empresa», detallaron las mismas fuentes.

Dos de ellos corresponden a acusaciones ante el juzgado de instrucción número 9 de Valencia contra Benavent, y en el juzgado número 6 de Valencia, a resultas de una querella por estafa y falsedad documental contra un empresario. Por estos trabajos la abogada habría percibido hasta la fecha de hoy 7.632 euros y 12.402 euros, respectivamente. El tercero es la personación en Taula, un contrato de 60.000 euros del que se han pagado ya 44.000 euros.