25 de noviembre de 2016
Concesión sanitaria

Sanidad exigirá a Ribera Salud todas las inversiones pactadas antes de dejar Alzira

Piden también información sobre el personal contratado y el material adquirido

25.11.2016 | 08:17

Cumplimiento hasta la última línea del contrato firmado en su día por el conseller del Partido Popular Serafín Castellano. Eso es lo que parece que los actuales responsables de la conselleria van a exigir a Ribera Salud en el proceso de reversión del área de salud de la Ribera que ya ha empezado y que culminará el 1 de abril de 2018 con la extinción de facto de la concesión administrativa.

Si la Conselleria de Sanidad ya advirtió a la empresa concesionaria Ribera Salud –actualmente investigada judicialmente por un presunto cobro de comisiones– que una comisión verificaría que todas las instalaciones y material se devolverían en perfecto estado de revista, ahora se ha confirmado que, además, se exigirá a la empresa el cumplimiento íntegro de los compromisos de inversión firmados en su día por contrato.

Así lo aseguró el comisionado del Consell en el departamento de la Ribera, José Sanfeliu, en la primera de las charlas que los responsables autonómicos están realizando por los municipios incluidos en el área de salud de la Ribera para infundir «tranquilidad» a los vecinos sobre cómo les afectará el proceso.

Según aseguró Sanfeliu ante vecinos y autoridades locales, el Consell solicitará a la empresa un inventario para evaluar que se han realizado «como correspondía por convenio» todos los planes de inversión. De hecho, el contrato que se suscribió en 2003 recoge, específicamente, que la UTE concesionaria debía realizar el total de inversiones que había incluido en su oferta económica «y que en ningún caso pueden ser inferiores a 50.000.000 euros».

Además de la inversión inicial para levantar el hospital de Alzira, el contrato establece que, cada cinco años, ambas partes debían aprobar un plan de inversiones «hasta la finalización de la concesión» que se podía modificar si había acuerdo aunque «manteniendo el importe total», tal como se recoge en la cláusula 16 del pliego de condiciones.

La conselleria tiene la potestad, de hecho, de vigilar a través de la figura del comisionado, de los servicios técnicos y de las auditorías «la correcta ejecución del plan de inversiones vigente» y así parece que va a suceder.

Fuentes de la Conselleria de Sanidad adelantaron ayer que, por ahora, no esperaban encontrar «grandes incumplimientos» en esta área tanto por los controles que se habían ido realizando al respecto como por la información remitida hasta el momento por la concesionaria. En otros negociados, sin embargo, la conselleria sigue esperando información sobre todo, al respecto del personal contratado o sobre la inversión realizada para la compra de diverso equipamiento, que también se está reclamando.

Sin pérdida de servicios
Tanto este control como la verificación de que todas las instalaciones y materiales están en perfecto estado se hará para asegurar que los 34 centros de salud y el hospital de Alzira vuelven a la gestión pública sin prejuicio para los habitantes del departamento de salud ni pérdida de servicios.

Ribera Salud controla actualmente al 100 % tres de los hospitales que están bajo gestión privada en la Comunitat Valenciana (Alzira, Elx y Torrevieja) y el 35 % del hospital de Dénia, junto a DKV seguros que es socio mayoritario. Según apuntó Sanfeliu en la charla, la empresa había recibido de las arcas públicas alrededor de 1.300 millones de euros en compensación por la atención sanitaria.

La reversión de la Ribera y, por tanto la pérdida de gran parte de su negocio llega en uno de los peores momentos para la sociedad Ribera Salud, que dirige Alberto de Rosa ya que está siendo investigada por el presunto cobo de comisiones de los proveedores de endoprótesis que, en principio, facturan directamente a la Conselleria de Sanidad. Los primeros informes de la Unidad de Delitos Económicos hablan de un negocio de 1 millón de euros.

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