Una treintena de entidades sociales y agentes económicos nacionales e internacionales han hecho público su apoyo al plan de la Generalitat Valenciana de volver a vender refrescos, zumos, agua y cervezas con un depósito de 10 céntimos para evitar que, cada día, millones de latas y botellas acaben contaminando el entorno terrestre y marino de la Comunitat Valenciana. Así lo han hecho saber mediante un manifiesto conjunto al que se han sumado agrupaciones ecologistas, sindicatos, asociaciones de consumidores, comercios de proximidad o distribuidores de bebidas.

Estas entidades califican el actual sistema de gestión de basuras de «derroche ingente de materias primas valiosas». Para estos colectivos, «los intereses de los que parte la industria envasadora y las grandes distribuidoras no coinciden con el interés general», y denuncian que estas empresas «pretenden que la medida no se lleve adelante en la Comunitat Valenciana», como tampoco en otras autonomías como Baleares o Cataluña.

Según el manifiesto, el sistema de depósito que propone la Conselleria de Agricultura y Medio Ambiente es un «claro ejemplo de economía circular limpia que genera puestos de trabajo y que ayuda en la lucha contra el cambio climático». Además, estas entidades aseguran que la iniciativa «permite la puesta en el mercado de envases reutilizables para el ámbito doméstico, reduciendo así el consumo excesivo de recursos naturales».

Las entidades firmantes también consideran un valor añadido la equidad económica de la medida, ya que dos tercios de los gastos por la gestión y el tratamiento de estos envases recaen sobre la ciudadanía y no sobre las empresas envasadoras, responsables según la ley de la totalidad de los costes, según denuncian en el manifiesto, que ha sido firmado por colectivos como Greenpeace, Ecologistas en Acción o asociaciones comerciales como Pimec Comerç o Unión Gremial.

El secretario autonómico de Medio Ambiente, Julià Álvaro, asegura que existe «una opinión generalizada por parte de la ciudadanía a favor de esta iniciativa», a pesar de que no ha habido una campaña específica de promoción y explicación y que sobre todo se han pronunciado «agentes sociales más interesados en desacreditar el modelo». Álvaro asegura que la gente tiene «conciencia previa por delante de las instituciones de la situación ambiental» y considera que no se gestiona bien y hay problemas medioambientales importantes que hay que atajar.