29 de noviembre de 2016
29.11.2016
Caso Taula

Una asesora zombi del PSPV admite que sólo pisó Imelsa para «firmar el contrato»

La técnica de confianza del exdiputado provincial Rafael Rubio declara que lo asesoraba en estudios demográficos, pero no aporta ninguno

29.11.2016 | 08:10

Una de las asesoras del PSPV en Imelsa, supuestamente «zombi» (cobrar sin ir a trabajar) admitió ayer ante el juez y el Fiscal Anticorrupción del Caso Taula que sólo pisó la empresa pública el día que firmó el contrato laboral como cargo de confianza. Carolina de Miguel estuvo contratada en Imelsa (Impulso Económico Local SA) desde el 1 de marzo al 30 de junio de 2011. No superó ningún proceso de selección para acceder al cargo de confianza, en un periodo preelectoral en el que la actividad institucional se paraliza en beneficio de las campañas políticas.

De Miguel explicó, según fuentes conocedoras de su declaración, que su función era «asesorar a Rafael Rubio», entonces diputado provincial, para el que elaboraba «documentos, trabajos y recopilación de datos» tal como hizo en un trabajo anterior como asesora en el Congreso de los Diputados, para el grupo socialista, en 2009. La extrabajadora de Imelsa, imputada en la pieza B del «Caso Taula» que investiga los contratos «zombis» y el cobro de finiquitos desorbitados no pudo aportar ninguno de estos trabajos realizados durante su etapa como asesora ya que explicó que los entregó al diputado que asesoraba y no conservaba ninguna copia. Tampoco pudo explicar, según las mismas fuentes, la utilidad de los trabajos que realizó en el quehacer diario del diputado al que asesoraba. También desconocía las funciones exactas de la empresa pública Imelsa y los trabajos para los que fue creada. «Sólo sé que era una empresa pública y nada más», declaró, según fuentes conocedoras de su declaración.

La extrabajadora también admitió que durante los cuatro meses que estuvo trabajando en Imelsa tampoco tuvo un puesto físico asignado. También le preguntaron por la otra asesora asignada al exdiputado socialista, pero sólo pudo explicar que «hacía trabajos administrativos» y que la vio y coincidió con ella «en el despacho» del diputado y en la diputación.

El juez y el Fiscal Anticorrupción del Caso Taula investigan a esta y otros asesores de la antigua Imelsa como partícipes de los presuntos delitos de malversación y fraude en la contratación pública.

La pieza B del «Caso Taula» investiga los «contratos zombis» y finiquitos desorbitados realizados y pagados en la empresa pública de la Diputación de Valencia y que supondrían la comisión de los presuntos delitos de malversación, prevaricación, tráfico de influencias, falsedad y fraude en la contratación.

Un total de veinte personas están investigadas por estos hechos, entre ellos los asesores que se beneficiaron de los contratos, pero también los diputados que los propiciaron, de todas las formaciones políticas con representación en la institución provincial (PP, PSPV, Compromís y EU). Entre los imputados también se encuentran los máximos responsables de la Diputación de Valencia durante la comisión de los hechos como su presidente, Alfonso Rus; el exgerente de Imelsa, Marcos Benavent y el jefe de gabinete de Rus, Emilio Llopis.

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