El Tribunal Constitucional acaba de dar la puntilla al derecho foral valenciano. La anulación de la ley autonómica de relaciones familiares de hijos e hijas cuyos progenitores no conviven, conocida como de custodia compartida porque establecía la preeminencia de esta fórmula en caso de separación de los cónyuges sin acuerdo sobre los hijos, supone el revés definitivo.
La anulación se produce después de que en mayo quedara invalidada la Ley de Régimen Económico Matrimonial y un mes después el tribunal rechazara en parte la de Uniones de Hecho.
Las tres se aprobaron entre los años 2007 y 2013 bajo los gobiernos autonómicos del PP con Francisco Camps y Alberto Fabra, pero el Alto Tribunal considera que invaden competencias estatales y da la razón al Gobierno de España, que presentó el recurso.
La resolución no tiene efecto sobre decisiones adoptadas sobre custodia de los hijos por los órganos judiciales mientras la norma ha estado vigente, desde 2011.
En el fondo, la decisión corrobora, por si quedaba alguna duda, la imposibilidad de los valencianos de legislar en derecho civil, una competencia que recoge el Estatut d'Autonomia reformado en 2006, pero que el Tribunal Constitucional frena reiteradamente porque no existe aval histórico.
Como ocurrió en las resoluciones anteriores, la sentencia se falla con el voto particular contrario al de la mayoría del magistrado Juan Antonio Xiol Ríos.
La única alternativa para poder legislar en derecho civil invocando a los Furs ya sólo es posible con un cambio de la Constitución, con una reforma del artículo 149 que reestablezca el equilibrio entre comunidades con derechos históricos, como la valenciana.
Lo ocurrido, y que da pie a que ahora el Constitucional tumbe las leyes valencianas, se entiende históricamente más por la desidia que por el victimismo, ya que los valencianos dejaron de compilar su derecho foral desde 1548 y no fueron capaces en el siglo XVIII de recuperar sus Furs, lo que explica ahora que otros territorios sí puedan legislar y los valencianos, no.
El Consell no la comparte
La Asociación de Juristas Valencianos que preside José Ramón Chirivella aseguró ayer que la resolución supone el «réquiem» al derecho foral valenciano.
Mientras, el conseller de Transparencia, Manuel Alcaraz, que tiene asignadas las competencias de autogobierno, asegura que el Consell acata la sentencia pero no la comparte porque afecta a elementos del derecho civil valenciano. «No estamos de acuerdo, igual que hemos disentido en otras ocasiones, dado que el fondo de la cuestión no es la custodia compartida en sí, sino si la Generalitat tiene o no competencia para hacerlo». El responsable de Transparencia considera que el Constitucional hace una lectura «muy restrictiva», que deja a los valencianos en una situación de «gravísima inferioridad» en relación a otras comunidades autónomas y supone un nuevo revés al derecho civil valenciano.
Vía de la reforma constitucional
El conseller asegura que el gobierno valenciano estudiará la fórmula más adecuada para plantear la única vía que queda abierta, la de solicitar la reforma constitucional para que pueda aceptarse que los valencianos tienen el derecho a legislar en materia de derecho civil.
El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ya envió hace meses una carta al jefe del Gobierno, Mariano Rajoy, para pedir que entre las dos Administraciones se abrieran canales de diálogo que evitaran los recursos contra las leyes que consolidan el derecho civil foral, pero el Constitucional avala los recursos.
