El auditor de las cuentas del Partido Popular durante los últimos veinticuatro años admitió ayer ante el juez y el Fiscal Anticorrupción del «Caso Taula» que la formación política no ha aumentado los controles tras la investigación por presunto blanqueo de capitales y delito electoral al grupo municipal del PP de Valencia porque el Tribunal de Cuentas no tiene conocimiento del asunto. Carlo Luca, auditor interno de la dirección nacional del Partido Popular, compareció ayer en el Juzgado de Instrucción 18 de Valencia a petición de la formación política, encausada como persona jurídica por el presunto blanqueo de capitales en cantidades pequeñas de dinero o «pitufeo».

El testigo enviado por la dirección del PP de Génova volvió a dejar a dejar desamparados a los responsables populares del PP de Valencia al declarar que no contabilizó ni tuvo constancia de los gastos electorales del PP de Valencia. También defendió que no era era obligación suya comunicar la necesidad de declarar todos los gastos electorales a través de las juntas de campaña. Un procedimiento que, detalló en presencia de las defensas de los concejales investigados, se explicaba en cursos que se organizaban y que, en última instancia, es el Tribunal de Cuentas el que debe fiscalizar los gastos electorales. De ahí que también asegurara desconocer por qué el presupuesto electoral del PP de Valencia en la campaña electoral municipal igualaba el del PP provincial.

Aunque un detalle que destacan algunas defensas de los 48 investigados por el supuesto pitufeo es que el auditor no negó haber recibido transferencias de dinero desde la cuenta del grupo municipal popular opaca al Tribunal de Cuentas, lo que contradice a lo declarado por la tesorera del PP, que aseguraba desconocerlas.

Según la versión facilitada por el auditor, desde la dirección nacional del PP no se controlaba las cuentas de procedencia porque no les correspondía a ellos.

Por último, el auditor también admitió que las donaciones anónimas recogidas por el PP de Valencia, identificadas como «aportaciones CyA» eran «ilegales» porque no se podían hacer ni tampoco se comunicaban al partido.