Acció Cultural presentó ayer un informe sobre la situación del uso valenciano en el que se diagnóstica un futuro nada halagüeño para la lengua propia, especialmente en el ámbito público, si no se introducen medidas correctoras. El estudio, dirigido por el profesor Miquel Àngel Pradilla, alerta del del descenso de los porcentajes de conocimiento y de uso social del valenciano, retroceso que achaca a los 20 años de políticas de los Gobiernos del PP.
Así, señala que «las capacidades de entender y hablar en valenciano experimentaron entre 1995 y 2005 decrecimientos superiores a los 10 puntos», cayendo hasta «mínimos históricos» en 2010. La habilidad de comprensión de la lengua propia disminuyó en 19 puntos entre 1995 y 2010, pues en 1995 respondía afirmativamente el 93,4 % de la población, mientras en 2005 lo entendía el 78,2 % y en 2010 el 74,4 %. El retroceso del uso de la lengua aún ha sido mayor (-15,2 puntos), pues ha pasado del 69,5 % (1995) al 57,6 % (2005) y al mínimo del 54,3 % (2010).
Acció Cultural subraya que la encuesta de 2015 supone «un punto de inflexión» en el citado ámbito competencial al constatar que, por un lado, «se ha frenado el descenso de los indicadores de entender y hablar en valenciano, donde se ha registrado un ligero incremento», y por otro, «las habilidades de lectoescritura alcanzan máximos históricos».
No obstante, el informe incide en que en cuanto al uso «el valenciano se refugia en los contextos de proximidad, allá donde la comunidad etnolingüística tiene una cierta vigencia: el hogar, los amigos, las tiendas tradicionales». En cambio, alerta, la llengua de Ausiàs March «pierde presencia en el ámbito público allí donde aumenta la distancia interpersonal (entre los hablantes), en la calle con desconocidos, en las grandes superficies».
Para revertir este retroceso del valenciano en la esfera pública, Acció Cultural entiende que «las medidas más urgentes» son siete.
Vuelta de la televisión valenciana
La primera que reclama es «la recuperación de los medios de comunicación audiovisuales en lengua propia, esto es, de las emisiones de TV3 y Catalunya Radio y de la radio y televisión valencianas». En segundo lugar se pide «la inclusión de la de la competencia lingüística en la nueva ley de la función pública, para garantizar el respeto a los derechos lingüísticos de los ciudadanos en su trato con la Administración pública valenciana». La tercera demanda es un «programa de valencianización de la justicia», iniciativa en la que se aboga por la «competencia lingüística de funcionarios y jueces, o en su caso , de disponibilidad de traducción que garantice el derecho de los ciudadanos a expresarse en su lengua».
También se solicita una ley de igualdad lingüística, y programas de valencianización del comercio, «particularmente de las grandes superficies», así como de la banca, «tanto en su ámbito externo (de comunicación y atención a los clientes), como interno (cartelería y publicidad).
