La nueva ley de la Función Social de la Vivienda, la primera auspiciada por el Consell en esta legislatura, superó ayer el debate de enmienda a la totalidad que había presentado el PP. Los votos del tripartito permitieron que la ley siga su trámite y que pueda ser aprobada en breve.
La norma permite al Consell abrir la puerta a practicar expropiaciones de viviendas sin uso. La ley contempla que ante procesos de desahucio por parte de entidades bancarias de viviendas habituales por imposibilidad de pago de cargas hipotecarias o alquiler se pongan en marcha medidas para que sus ocupantes puedan seguir en el inmueble como el alquiler con opción a compra. En estos casos, la Generalitat aplicará un alquiler social durante tres años que no podrá superar el 25% de los ingresos de la unidad familiar salvo en caso de que los inquilinos no puedan hacerse cargo.
En el caso de que el banco se niegue a formalizar un contrato de alquiler con opción a compra y, por tanto la vivienda habitual se quede sin ocupantes, la Generalitat podrá iniciar un procedimiento expropiatorio del uso a la entidad financiera por interés social y necesidad de ocupación, por un plazo máximo de tres años, que podrá poner a disposición de sus ocupantes.
En la actualidad existe en torno a medio millón de viviendas vacías en la Comunitat Valenciana, un 15% de las existentes, y la ley recoge la creación de un registro de viviendas deshabitadas como instrumento para el control y seguimiento de aquellas que no tengan uso y que puedan ser utilizadas por personas sin acceso a este derecho básico.
La consellera de Vivienda, María José Salvador, aseguró ayer en las Corts que con esta ley el Consell da un paso decisivo para situar la vivienda como un pilar del Estado del Bienestar con el objetivo de poner a la Comunitat Valenciana entre las autonomías más avanzadas en la protección de los derechos de las personas. Además, el Consell establecerá un registro de viviendas vacías donde se inscribirán todas aquellas declaradas deshabitadas por la administración. También se creará el registro de oferta y demanda donde particulares podrán inscribir voluntariamente sus inmuebles.
Más de diez casas en propiedad
Según el texto legislativo se considera una vivienda vacía aquella que de manera continuada está deshabitada durante un periodo superior a dos años y solo afectará a los considerados grandes propietarios, con más de 10 viviendas en propiedad, pero en ningún caso a particulares.
La diputada del PP Elisa Díaz, que defendió en el pleno la enmienda a la totalidad presentada por su grupo, aseguró que la norma era un bodrio y que no iba a solucionar los problemas de los valencianos. Acusó al Consell de presentarla para salir del paso y cubrir el expediente. Díaz critica también al ejecutivo autonómico por hacer políticas de marketing y considera la norma de dudosa constitucionalidad, igual que el Consell Jurídic Consultiu, además de contar con una «insuficiente dotación presupuestaria».
