El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha anunciado un plan de igualdad para 2017-2019 que se aprobará antes de finalizar el año y que incluirá medidas "inéditas" en la administración valenciana y el resto de administraciones y convertirá a la comunidad en líder en temas de igualdad.

Puig ha manifestado en el pleno de las Corts Valencianes, a preguntas del portavoz de Podemos, Antonio Montiel, que el informe Violeta, que evalúa la reforma de la ley de Función Pública desde una perspectiva de género, revela una diferencia salarial media de 300 euros, lo que, según ha dicho, "ha encendido las luces de alarma".

Ha recordado que el gobierno anterior hizo un primer plan de igualdad para el periodo 2010-2012 que "no tuvo continuidad ni enfoque", y la desigualdad salarial "ha continuado agravándose".

Ahora, este segundo plan de igualdad incluirá algunas medidas que ya están pactadas con los sindicatos y otras que se dirigen a revisar el sistema retributivo de la administración valenciana, la dinamización de las unidades de igualdad de las consellerias, y la garantía de la presencia equilibrada en los órganos colegiados y en la provisión de puestos de libre designación.

Además, incorporará una cláusula de desempate favorable a las mujeres si están infrarrepresentadas en las convocatorias, concursos o procesos selectivos, y se tendrá que elaborar un informe de impacto de género "en cada oferta pública de empleo y en cada proceso de selección", según Puig.

El presidente ha avanzado que el plan también recogerá aspectos vinculados a la conciliación, y ha señalado que la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad ha propuesto en los Presupuestos de la Generalitat para 2017 reclasificar todas las plazas de los servicios y los centros territoriales ampliando la jornada, lo que supone la equiparación salarial con el resto de personal funcionario de los servicios centrales.

De esta manera, ha afirmado, se pondrá fin a "una discriminación muy antigua" que sufre un colectivo de 1.873 personas.

El portavoz de Podemos, Antonio Montiel, ha propuesto algunas medidas que se podrían incluir como la incorporación de temas de igualdad efectiva y violencia machista en los temarios de acceso público y en los programas de formación, y favorecer en la contratación pública a las empresas que cumplen con los planes de igualdad.

Montiel ha planteado que se sancione el incumplimiento de los planes de igualdad en las empresas concesionarias de servicios públicos, y que se excluya a las empresas y entidades condenadas por sentencia o resolución administrativa por comportamientos discriminatorios con la mujer.

El president de la Generalitat ha dicho compartir algunas de estas acciones, que se podrían incorporar tanto al plan de igualdad como a la ley de la Función Pública y la ley del Sector Público.

Según Puig, ya se está actuando en esta línea y en los próximos días se firmará con administraciones locales que se facilite el traslado de empleadas que han sido víctimas de violencia machista.

"En este gobierno los cargos más altos de la administración son mujeres y por eso funcionamos un poco mejor", ha manifestado Puig, para añadir que en la Comunitat Valenciana no va a pasar como en Madrid donde una médico "se ha visto obligada" a presentarse a un examen inmediatamente después de dar a luz para no perder la convocatoria.

"Eso es lo que hay que vencer, las resistencias en elementos de la burocracia", según el president, que ha citado a la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, para afirmar que la igualdad de género "ha de ser una realidad vivida siempre".

Montiel ha alertado de que si en la administración pública la brecha salarial es del 14 %, en términos generales "se podría agrandar" si se tiene en cuenta a las entidades, empresas y organismos de la administración.

La diputada de Podemos Cristina Cabedo ha condenado el intento de homicidio de un hombre a su mujer esta semana en Buñol, condena a la que se ha sumado el conseller de Educación, Vicent Marzà, que ha asegurado que este año se dispondrá del plan de igualdad en educación, mientras que la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, ha manifestado que el problema está en la conciliación, que para la mujer supone "un obstáculo" en su promoción profesional.