01 de diciembre de 2016
01.12.2016

Fomento rescatará la AP-7 en 2019 pero sin garantizar que su uso sea gratuito

La Generalitat ha pedido inversiones en la vía de gran capacidad para facilitar el acceso desde las poblaciones que atraviesa la infraestructura

01.12.2016 | 04:15

El Estado no ampliará los plazos de concesión de la explotación de autopistas de peaje por parte de empresas privadas que vencen entre los próximos tres y cinco años, de forma que «se quedará con ellas» para «en su momento, decidir la mejor forma de explotarlas».

Así lo aseguró el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, que no concretó la fórmula que el Estado baraja para gestionar a partir de entonces las vías, esto es, si las explotará directamente o bien sopesa volver a sacar a concurso la concesión de su gestión.

Las declaraciones del Ministro de Fomento no avanzan sin embargo si la fórmula elegida finalmente supondrá la gratuidad que reivindican los municipios afectados y el Consell de la Generalitat Valenciana o finalmente aplicará algún tipo de tasa o «vignette» como existe en otros países europeos.

«Fomento no contempla a corto plazo prorrogar los plazos de concesión de ninguna autopista», aseguró De la Serna. «La previsión es que cuando venza el plazo, la autopista revierta al Estado, que decidirá en ese momento la forma de explotarla», añadió.

El grupo de autopistas de peaje que culminan en los próximos años el plazo por el que en su día se contrató con empresas privadas su construcción y posterior explotación son la AP-1 Burgos-Armiñón, que vence en 2018, la AP-7 Tarragona-Alicante y la AP-4 Sevilla-Cádiz, en 2019, y dos tramos de la AP-7 (La Jonquera-Barcelona y Barcelona-Tarragona), en 2021. Abertis e Itínere son las compañías que actualmente tienen su concesión y que ya han anunciado la presentación de recursos en algunos tramos si no hay prórroga o una indemnización por supuestas obras de mejora realizadas en los últimos años.

En este sentido, la Generalitat Valenciana no solo reivindica la circulación gratuita por la actual AP-7 sino que estima imprescindible que antes de que se produzca la transferencia se realicen las obras necesarias para facilitar la incorporación desde las poblaciones aledañas y mayor inversión para no convertir el mantenimiento de estas vías en un «regalo envenenado» si se decidiera transferirlas a las comunidades autónomas.

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