La Generalitat se convertirá en acusación particular en el caso de los cobros de presuntas comisiones por parte de Ribera Salud a través de su central de compras.
La Abogacía de la Generalitat considera que los intereses de la Administración han podido verse afectados y ve indicios de delito en la actuación de la empresa que gestiona en régimen de concesión la mayor parte de los departamentos de salud privatizados, por lo que el Consell se personará, según anunció ayer el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, tras una pregunta en las Corts del portavoz de Compromís, Fran Ferri.
Puig reprochó que las concesiones sanitarias se convirtieron en un descontrol en los años de gobierno del PP y recordó que la Sindicatura de Comptes ya advirtió de la dejadez respecto al control que el Consell ejercía.
En el caso hay un informe policial que detecta presuntos delitos de prevaricación y malversación por los que un juzgado ha abierto una investigación, en un caso bautizado como mordida. Fuentes del Consell señalaron que la Administración ha podido verse afectada porque se habría primado a unas empresas no por su calidad en el servicio, sino por los propios intereses comerciales de las adjudicatarias ya que presuntamente se compraba a aquellos proveedores de prótesis y otros productos médicos que pagaban comisiones.
Además, el Consell ha aportado información adicional a la solicitada por el juez porque entiende que es útil para la investigación.
También la Conselleria de Sanidad ha abierto una investigación y ha requerido a las cinco empresas concesionarias de sanidad información sobre sus contratos con la empresa B2B, la central de compras de Ribera Salud.
Puig asegura que la Generalitat «actuará en consecuencia» si finalmente Sanidad concluye que existen responsabilidades o se han vulnerado los contratos de gestión. Además, Puig anunció que en pocos días el Consell dará a conocer las auditorías a las que la Conselleria de Sanidad se comprometió al inicio de la legislatura.
En ese punto, el coordinador de Política Social del grupo popular, José Juan Zaplana, asegura que el presidente miente en sede parlamentaria al decir que nunca se ha auditado y se han liquidado las concesiones administrativas, ya que, según dijo el diputado popular, las auditorías se han hecho permanentemente todos los años.
Mientras, durante la sesión de control al presidente, el diputado del PP Rubén Ibáñez aseguró que el valenciano es el gobierno autonómico que menor ejecución realiza del presupuesto y que el número de facturas en los cajones de la conselleria de Igualdad se ha multiplicado por nueve, lo que la responsable de Igualdad, la vicepresidenta, Mónica Oltra, niega. «Si hubieran facturas en las cajones usted no lo sabría», respondió.
Además, los populares ponen el acento en que las nuevas agencias constituidas por el Consell y la futura RTVV se llevan más de 300 millones del presupuesto.
