La Generalitat va a crear una Oficina de Drets Lingüístics para proteger a los valencianohablantes de las «muestras de hostilidad o de discriminación grave» que sufran por expresarse en su lengua. Por ejemplo, aquellas Administraciones asentadas en la Comunitat Valenciana que obliguen a un ciudadano a cambiar de lengua. O incluso las empresas y entidades privadas que vulneren los derechos de los parlantes en la llengua de Vicent Andrés Estellés. La Conselleria de Educación está ultimando el proyecto de decreto que regulará el funcionamiento de este órgano sin capacidad sancionadora y cuya finalidad será mediar entre las partes afectadas en un conflicto de naturaleza lingüística para evitar que se repita.
La nueva oficina entrará en funcionamiento en 2017 y estará adscrita a la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme. Su objetivo es que el Estatut d'Autonomia o la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià no sean papel mojado y que ni un juez ni un policía ni un médico ni un funcionario de Administración local o autonómica puedan vulnerar la libertad para elegir la lengua oficial con la que un ciudadano quiera hablar.
El Estatut proclama que «nadie podrá ser discriminado por razón de su lengua» y que «todos tienen derecho a conocerlos y a usarlos y a recibir la enseñanza del, y en, idioma valenciano». La Llei d'Ús garantiza el derecho a usar el valenciano de forma oral y escrita «tanto en las relaciones privadas como con las instancias públicas».
Sin embargo, en el día a día hay lagunas. Existe, según el borrador del proyecto de ley de la nueva Oficina de Drets Lingüístics, un «contexto de desequilibrio lingüístico» plasmado en las quejas registradas cada año por instituciones de carácter público y también por entidades cívicas, como la Oficina de Drets Lingüístics que tiene Escola Valenciana. Ahora, el Consell quiere entrar por primera vez en la reducción de estos casos. No quiere dejarlo solo en manos de las entidades cívicas para que sirva de canal para enmendar los hechos objeto de denuncia y que, a la vez, ayude a restablecer en la sociedad la normalidad de usos que corresponde al valenciano en tanto que lengua oficial».
Una realidad «deficiente»
El borrador que maneja el Consell para instituir este órgano subraya que «si bien el valenciano es oficial, las deficiencias lingüísticas que presenta la práctica administrativa y la de las relaciones privadas hacen que esta oficialidad formal no se corresponda con la realidad social, con la consecuencia directa de que, muy a menudo, la ciudadanía no puede hacer uso de su opción lingüística».
Por primera vez, la Generalitat asume el mandato del artículo 5 de la Llei d'Ús, que obliga a la Administración a adoptar «las medidas necesarias para impedir la discriminación de ciudadanos o actividades por el hecho de usar cualquiera de las dos lenguas oficiales».
El órgano de protección de derechos lingüísticos nace con la vocación de resolver de forma «ágil y eficaz» las demandas de los ciudadanos. Al margen de los recursos administrativos o por vía judicial que interpongan los afectados, la Oficina será como un agente mediador entre la parte reclamante y la parte que ha originado la queja. Se pondrá en contacto no solo con instituciones públicas, sino también con las personas físicas y jurídicas de carácter privado que hayan perjudicado derechos de la ciudadanía para que tengan oportunidad de enmendarlo. En una segunda fase, la Oficina «ofrecerá a la parte infractora los recursos adecuados para evitar que este tipo de comportamientos se reproduzcan en el futuro».
Ámbito privado, menos fuerza
La Oficina de Drets Lingüístics actuará en el ámbito público y privado. Da por descontado que su intervención no tendrá la misma intensidad en la Administración de la Generalitat y su sector público que en otras Administraciones o en el ámbito privado, donde solo podrá hacer una «recomendación», excepto si se trata de una vulneración de los derechos de los consumidores y usuarios, que tienen una regulación específica.
