La debilitada relación de los que un día fueron compañeros de reivindicación y pancarta ha terminado de resquebrajarse del todo tras la interposición de una demanda por parte de Intersindical contra la Generalitat a cuenta de la reapertura de la radiotelevisión valenciana. El sindicato entiende que ha habido «sucesión de empresas» entre RTVV SAU y la nueva Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC), es decir, que son la misma firma con diferente nombre, algo que sería fraude de ley.

A la separación entre la antigua empresa y la nueva se aferra el Ejecutivo valenciano cada vez que surge un nuevo conflicto o se reaviva el ya existente: qué hacer con los extrabajadores de las antiguas Canal 9 y Ràdio 9. Desde Intersindical lo tienen claro: «La intención del Consell es no cumplir la cláusula sexta del ERE en la que se da la prioridad a los extrabajadores para poner en marcha la nueva radio y televisión públicas con la excusa de que la CVMC nada tiene que ver con la antigua RTVV SAU», manifestaron ayer tras hacer pública la demanda.

Desde la organización laboral, afín históricamente a Compromís, critican que Consell y consejo rector de la CVMC «se han negado hasta ahora a reunir a la Comisión de seguimiento del ERE» y añaden que «su objetivo no es otro que no asumir las cargas laborales, creando la ficción de un cierre que nunca se ha producido y una falsa liquidación», ya que la nueva tele se va a poner en marcha «a partir de las mismas frecuencias, canales, múltiplex, instalaciones, equipamiento y fondos documentales».

«Son empresas diferentes»

El fuego amigo, no por esperado, es menos preocupante para el Consell, quien paralelamente a esta demanda mantiene conversaciones con el sindicato CGT para evitar llegar al juicio en enero respecto a la nulidad del ERE. La Audiencia Nacional es quien decidirá si se respetaron los derechos de los trabajadores por parte del anterior gobierno valenciano liderado por Fabra.

«Son dos empresas diferentes. Tenemos que separar los empastres del pasado del mandato legal que tenemos ahora, ya que es una ley aprobada por las Corts», explicó ayer Mónica Oltra en referencia a la reapertura, que ve «irrenunciable».

Intersindical presiona y avisa. Si su demanda prospera, los trabajadores de RTVV que se incorporen a la nueva empresa deberán tener la antigüedad, trienios, salario, categoría, convenio colectivo y las condiciones laborales de la antigua empresa y se podrían interponer «centenares de demandas individuales» para poder acceder a la nueva corporación, que arrancará en pruebas con exempleados. A la fiesta se une el gobierno central, que tiene en análisis si recurrir al Constitucional si se da un trato preferente a los extrabajadores. La nueva RTVV lamenta que los sindicatos estén en «una competición de demandas».