La Fiscalía Anticorrupción ha presentado un recurso de apelación ante la sección segunda de la Audiencia de Valencia contra la negativa de la jueza del Caso Blasco a investigar el ordenador que el empresario Augusto César Tauroni usó en la cárcel de Picassent de forma ilegal.
La titular del Juzgado de Instrucción 21 de Valencia Nieves Molina se ha declarado «no competente» para investigar estos hechos, como solicita la Fiscalía Anticorrupción, porque «no resultan relevantes ni de interés» para las dos investigaciones que aún siguen abiertas en el juzgado por el desvío de las ayudas a la Cooperación por las que ya fueron condenados el propio Tauroni, el exconseller Rafael Blasco y parte de su equipo al frente de la Conselleria de Solidaridad. La defensa de Tauroni también se opone a que se rastree el ordenador de la cárcel al que tuvo acceso ya que alega que supondría una intromisión en su intimidad, según confirman fuentes conocedoras de los hechos.
Sin embargo, la Fiscalía Anticorrupción sí que considera a Instrucción 21 competente para «averiguar si Tauroni utilizó el indebido acceso a la red wifi del Centro Penitenciario de Picassent con la finalidad de realizar acciones tendentes a ocultar su patrimonio y obstaculizar las responsabilidades pecuniarias de los hechos criminales que se investigan en las piezas 2 y 3» del Caso Blasco: malversación de caudales públicos y fraude de subvenciones.
El Ministerio Público considera «muy peligrosa desde el punto de vista procesal» el argumento de la jueza para no indagar sobre el acceso ilegal de Tauroni a internet consistente en que supondría una dilación en la instrucción, próxima a finalizar. «No cabe alegar esta causa cuando de lo que se trata es de perseguir delitos graves que puedan suponer ocultación o desvíos de fondos públicos», justifica.
Y añade que es «una obligación ineludible que el dinero desviado de las subvenciones al Tercer Mundo de 2009 a 2011 sea recuperado», justifica en su recurso ante la Audiencia de Valencia. Una cantidad que, según la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) ascendería a 3,2 millones de euros, según consta en la causa del «Caso Blasco». «Este dinero debe asegurarse e investigarse si se han utilizado vías ilícitas para su ocultamiento», alega el Fiscal Anticorrupción.
«Y si Augusto Tauroni utilizó un ordenador portátil del centro penitenciario para acceder de manera oculta e indebida a la red wifi del centro, no parece lógico pensar que fuera para leer la prensa digital», justifica el Ministerio Público en su escrito a la Audiencia de Valencia.
De hecho, la Fiscalía recuerda la condición de informático del empresario condenado por el desvío de las ayudas a la Cooperación y que parte del dinero defraudado «se desvió a Estados Unidos». Un patrimonio que el empresario gestionaba a través de internet y mediante varias cuentas de correo electrónico.
Como ejemplo, la Fiscalía reproduce una docena de correos electrónicos intercambiados entre Tauroni y una asistente de confianza a lo largo de 2011 en los que resuelve cuestiones sobre la creación de varias empresas y el alquiler de los pisos adquiridos en Miami (Levante-EMV reproduce varios fragmentos en las imágenes adjuntas). Tauroni también tenía cuentas abiertas en entidades bancarias como el Citibank, Bank of America o J. P. Morgan, según ha quedado acreditado en la investigación.
«Como se puede comprobar en esta pequeña muestra la actividad económica de Augusto Tauroni a través de la red para manejar sus cuentas y propiedades era un hecho evidente», advierte el Fiscal Anticorrupción del Caso Blasco. «Por lo tanto -continúa- ante el indicio de haber utilizado de manera indebida el acceso a internet desde prisión se debe investigar para garantizar las responsabilidades pecuniarias y perseguir el delito que pueda haberse cometido».
El ordenador que usó el empresario condenado a seis años de cárcel por el desvío de las ayudas a la Cooperación permanece custodiado por el director del Centro Penitenciario de Picassent desde que se descubrieron los hechos, en julio. El incidente no se comunicó ni al Juzgado de Instrucción 21 ni a la Fiscalía Anticorrupción que aún investigan la trama para evadir recursos de la Conselleria de Solidaridad cuando estaba dirigida por Rafael Blasco. El Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 5 de Valencia sí que fue informado de los hechos que no se hicieron públicos hasta que Levante-EMV los publicó y que, inicialmente, fueron negados de forma tajante por la Secretaria de Instituciones Penitenciarias.
