La directora general de la Intervención de la Generalitat, Carmen Vila, tiene previsto renunciar en los próximos días al puesto en el que fue nombrada en julio de 2015 ya con el nuevo Consell de Ximo Puig. El cese a petición propia, que según ha podido saber Levante-EMV será aprobado en los próximos días por el pleno del Consell, generará, al menos de momento, una vacante en un puesto clave en el organigrama de la Generalitat, al tiempo que agudiza la crisis en un colectivo golpeado por la falta de medios y recursos. La dirección general de la Intervención es el segundo cargo en importancia de la Intervención General, el órgano de control interno que tiene entre sus competencias la supervisión de la legalidad de los actos administrativos de contenido económico de la Generalitat. El cuerpo de funcionarios está adscrito a la Conselleria de Hacienda, aunque tiene independencia funcional.
Aunque con rango de dirección general, la plaza que ya por pocos días ocupará Carmen Vila es de gran calado. A ella le corresponde la coordinación de la actividad de las viceintervenciones generales, así comola elaboración de las propuestas de informes sobre los expedientes, órdenes de servicio e instrucciones, etc. El Consell no tendrá fácil encontrar sustituto o sustituta y no precisamente por falta de personal técnico preparado.
Y es que la marcha de Vila pone al descubierto la situación de precariedad en la que, según las fuentes consultadas, se encuentra el cuerpo de interventores, un colectivo sobre el que recae la responsabilidad de supervisar al Ejecutivo pero que sufre un alarmante déficit de recursos y manos. De hecho, la renuncia de Vila estaría relacionada con este malestar en el cuerpo por la carga de trabajo.
La actual interventora de la Generalitat, Amparo Adam, admitió recientemente en una comparencia en las Corts que el órgano hacía su trabajo con grandes dificultades. De hecho, aprovechó su intervención en la Comisión de Hacienda de la Cámara autonómica para defender la necesidad de contar con más personal y recursos materiales y puso un ejemplo clarificador de cómo esta situación está perjudicando el trabajo. Así, atribuyó a la falta de «medios adecuados» el que no se haya podido poner en marcha el plan de control financiero sobre subvenciones públicas.
Al problema de medios -según algunas fuentes incluso han tenido que pelear por una impresora- se suma otra cuestión más de fondo y que no solo afecta a este cuerpo de altos funcionarios. Es la cuestión salarial. Los interventores son seguramente dentro de la Generalitat los funcionarios con mejor retribución ya que tienen asignado el nivel y el complemento específico más alto. Aún así su salario está por debajo del que cobran los interventores de la Administración local.
La conclusión es que el Consell está teniendo serias dificultades para reforzar el cuerpo fichando especialistas que trabajan en ayuntamientos ya que no puede compensarles económicamente. Así, ha ocurrido que interventores de ayuntamientos rechazan ir a la Generalitat para no perder dinero. Según los casos, la nómina de de ellos puede superar con creces los 80.000 euros.
Peor es si, como en el caso de Vila, el puesto ofertado tiene rango de dirección general, al que, según los presupuestos de la Generalitat, le corresponde un salario anual de unos 55.000 euros. Un jefe de servicio cobra ya 61.000 euros con nivel 30 y complemento E50, unos emonumentos que incluso pueden ser más elevados si el funcionario en cuestión cobra el máximo de carrera profesional.
