El conseller de Hacienda, Vicent Soler, ha logrado esquivar el que, a buen seguro, hubiera sido el segundo tijeretazo a las cuentas públicas de 2016 impuestas por el ministro Cristobal Montoro. Y la vía para salvar los gastos ha sido la de apurar hasta última hora para decretar el cierre de los presupuestos de la Generalitat, una rebelión en toda regla ya que el ministerio le instó al cerrojazo en julio.
Tal como informó Levante-EMV, Montoro instó en julio a todas las autonomías, incluida la valenciana, a dictar orden de cierre de las cuentas, trámite que en la práctica supone frenar cualquier gasto que no esté previamente comprometido.
El entonces número dos del Ministerio Hacienda, el secretario de Estado, Antonio Beteta, conectó por videoconferencia con Soler y le instó a bloquear el documento económico. El conseller le explicó que no estaba en disposición de tomar ese acuerdo pues supondría un recorte del programa social del Botànic que el Consell no podía aceptar. El ultimátum de Beteta venía justificado por la desviación del déficit, situación a la que está abocado el Ejecutivo de Puig dada las necesidades de financiación.
La exigencia de Montoro se producía después de que Hacienda ordenara el cierre de la caja del Estado el 20 de julio. La medida era excepcional ya que lo habitual es que el cierre se produzca en noviembre. El adelanto se vinculó a la amenaza de multa de Bruselas sobre España por incumplimiento del déficit. La medida estatal tuvo un impacto de 2.000 millones que quedaron sin ejecutar
Tras la comunicación verbal, Montoro envió una carta a la conselleria exigiendo medidas de ajuste, aunque expresamente no aludía a la orden de cierre. Así, que el departamento de Soler optó por seguir con sus planes y no hubo instrucción a las conselleries para bloquear el gasto. Otras comunidades no hicieron lo mismo. Según ha podido comprobar este diario, la practica totalidad de gobiernos autonómicos han publicado ya en sus respectivos boletines oficiales sus órdenes de cierre. Comunidades gobernadas por socialistas, como Andalucía o Baleares, como aquellas de dominio popular. Unas más tardes que otras, pero hace semanas ya que formalmente han frenado el gasto.
Cataluña lo publicó en octubre
Incluso Cataluña publicó en octubre las normas para regular las operaciones de cierre poniendo como tope en los expedientes de gasto el 1 de diciembre. En Andalucía, por ejemplo, la fecha límite se fijó el 15 de noviembre.
El Consell, sin embargo, tomó la decisión la semana pasada. El viernes, el día después de la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, el Diario Oficial daba cuenta de la orden del 30 de noviembre del conseller por la que se regulan las operaciones de cierre. Se establece que el plazo para la tramitación y entrada en las intervenciones delegadas de los documentos contables de compromiso finalizará el 15 de diciembre. Aquellos comprometidos jurídicamente frente a terceros tendrán como límite el 30 de diciembre.
El margen para tramitar gastos no es baladí ya que un cierre anticipado hubiera supuesto un recorte mucho mayor que el que Montoro finalmente forzó a mediados de año por alrededor de 180 millones.
