El buque insignia de la sanidad del PP atraviesa su momento más delicado en veinte años. La cuenta atrás de año y medio para que expire el contrato de concesión del departamento de la Ribera y la investigación abierta por un presunto cobro de comisiones a la firma Ribera Salud que lidera el holding empresarial en torno a la sanidad valenciana, unido a la petición de la fiscalía de investigar a sus principales dirigentes, podría acelerar el declive.
El proceso judicial llega en el peor momento para un modelo que durante casi dos décadas se ha expandido en la Comunitat Valenciana hasta prestar servicio a un millón de personas. Ninguna otra autonomía ha vivido en estos años un proceso de expansión similar.
Ribera Salud admite que el momento actual es el más delicado que le ha tocado vivir en la Comunitat Valenciana, pero defiende que ese declive del modelo de colaboración-público privada sólo se produce en la Comunitat Valenciana y que sólo aquí se vincula políticamente el modelo al PP, al contrario de lo que ocurre en otros países. Y destacan que por el modelo, que se estudia en la Universidad de Harvard, se interesan gobiernos de todos los colores como el partido socialdemócrata de la República Checa que lo va a implantar en el hospital de Bratislava, al que opta Ribera Salud.
Para cerrar el círculo y como ocurrió a finales de la década de los noventa, el modelo concesional ha vuelto a convertirse en arma de confrontación política en las Corts.
«Es un desastre total, una ruina», resume la consellera de Sanidad, Carmen Montón, que denuncia que el modelo ha supuesto un descontrol absoluto para la Administración y en la actualidad sólo reporta problemas. «Nunca se ha supervisado, ni hubo vigilancia por parte de la conselleria, sino connivencia con las empresas a las que se dejó actuar a su antojo», señala Montón, que pone como ejemplo de laxitud que el Consell exonerara a las concesionarias del pago de las caras prestaciones de la hepatitis C.
Unos 260 millones pendientes
Montón acusó en una reciente comparecencia en las Corts a las empresas gestoras de poner palos en las ruedas a la reversión y cifró en 260 millones las liquidaciones pendientes, dinero que debería estar en las arcas del Consell, pero que engrosa cuentas empresariales.
No lo ve así el portavoz del PP en materia sanitaria, José Juan Zaplana. Los populares no creen que la reversión del departamento de salud de la Ribera, prevista para el 1 de abril de 2018, vaya a suponer un ahorro para la Administración. Zaplana defiende la eficiencia del modelo y recuerda que el Consell paga 775 euros por habitante en concepto de cápita a los departamentos bajo concesión frente a los 933 que cuesta cada tarjeta sanitaria pública. Además, en la Ribera un paciente tarda 50 días menos en operarse que en la red pública, argumentos en los que el PP coincide con Ribera Salud.
Pero lo cierto es que en 17 años no se ha realizado ningún estudio con la suficiente independencia que confirme si la colaboración público privada ahorra costes a la Administración o si el dinero del erario público que acaba en beneficio empresarial sería mejor aprovecharlo en reforzar la oferta sanitaria pública.
El sistema tampoco ha gustado nunca a la Unión Europea, que en 2014 desestimó avalarlo por las dudas que generaba y en estos más de tres lustros, la Sindicatura de Comptes no ha podido fiscalizar el modelo y concluir si es beneficioso o no para las arcas públicas. Sólo ahora, con el cambio de gobierno, el órgano fiscalizador ha iniciado la auditoría operativa del modelo, mientras la conselleria sigue inmersa en una auditoría financiera que la propia Montón califica de «ejercicio de arqueología» y que ya debería haber concluido según el compromiso de la propia titular de Sanidad, que hace un año aseguró que estaría lista antes de noviembre de 2016.
El futuro de Alzira sin resolver
El PP reprocha que las decisiones de la Conselleria de Sanidad han generado incertidumbre entre los trabajadores del departamento de la Ribera y aseguran que la conselleria no podrá mantener las condiciones laborales del personal porque se rige por contratos privados que son incompatibles con el sector público. «Habrá bajada de sueldos», sostiene Zaplana.
Para la consellera, el PP ha puesto en marcha una campaña de intoxicación, un discurso del miedo y dice no entender el empeño de los populares en un modelo que se ha mostrado ruinoso.
Montón remarca que el Consell mantendrá el coste de la prestación sanitaria en la Ribera, 180 millones al año, incluido el dinero que se lleva la empresa gestora como beneficio empresarial, que pasará a invertirse en «beneficio social».
Además, la titular de Sanidad denuncia resistencias de los poderes económicos para evitar la reversión de un modelo que deja la sanidad valenciana «al albur de lo que ocurra en la Bolsa norteamericana», por la participación de la corporación Centene en el accionariado de Ribera Salud, la empresa con la mayor facturación a la Generalitat de toda la Comunitat Valenciana.
Centene Corporation es una compañía estadounidense cotizada en el Down Jones de la Bolsa de Nueva York, incluida en la lista Fortune 500 y una de las principales proveedoras del programa Medicare, cuestionado tras el triunfo electoral de Donald Trump.
