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Ribera Salud acusa a Sanidad de persecución y sectarismo

De Rosa dice que en las Corts se acusó y amenazó a la empresa con «falsedades sin evidencias y burlas»

Divorcio total. La relación entre la Conselleria de Sanidad y la principal concesionaria sanitaria en la Comunitat Valenciana también atraviesa su momento más delicado. La reciente intervención de la responsable de Sanidad en las Corts, en la que llegó a calificar el modelo de «nefasto» y aseguró que ponía en riesgo el sistema público, ha motivado una reacción airada de la empresa Ribera Salud. En su propio blog el consejero delegado de la firma concesionaria, Alberto de Rosa, acusa a la consellera de «persecución y sectarismo».

Ribera Salud no ha querido valorar la investigación judicial abierta por el presunto cobro de comisiones porque asegura que no se le ha comunicado oficialmente por parte de ninguna instancia judicial y matiza que las opiniones de De Rosa hay que situarlas en un contexto temporal anterior a las informaciones que vinculan a la empresa con un posible cobro de comisiones.

Como ya ha informado Levante-EMV esa investigación tendrá su primera consecuencia ya que el director general de la firma, Alberto de Rosa „para quien el fiscal solicitará la imputación„, dejará de ser el interlocutor con la Conselleria de Sanidad y su lugar lo ocupará Ramón Mas, presidente de Ribera Salud y consejero por el Banco Sabadell „propietario del 50 % de la empresa„, quien mantendrá las relaciones con la Generalitat Valenciana.

La decisión de Ribera Salud coincide también con el tono duro con el que De Rosa se dirige a la consellera, pues el consejero delegado asevera que lo ocurrido en las Corts «representa lo peor del debate político». De Rosa aseguró que en las Corts se acusó y amenazó a Ribera Salud con «falsedades sin evidencias, burlas sobre el trabajo de empresas valencianas, nacionales e internacionales, que están comprometidas con los ciudadanos e instituciones y con el futuro de la Comunitat Valenciana».

Cruzar líneas rojas

De Rosa lamenta la politización, pide un debate técnico sobre el modelo sanitario y añade que en una sociedad abierta y democrática no se pueden traspasar líneas rojas «bajo la protección de la inmunidad parlamentaria». Y concluye que la situación que se ha generado es de «inseguridad jurídica, falta de diálogo y rigor».

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