La compleja instrucción del «Caso Taula» sigue adelante con las declaraciones de algunos de los protagonistas en la presunta trama criminal, en palabras de la Fiscalía Anticorrupción, dedicada durante años, supuestamente, a garantizar el cobro de mordidas a costa del erario público en la Generalitat, la diputación y el Ayuntamiento de Valencia. Respecto a la primera institución, la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al Juzgado de Instrucción 18 de Valencia que cite a declarar a los presuntos «zombis» de la empresa pública Construcciones e infraestructuras educativas de la Generalitat SA (Ciegsa). Una empresa sobre la que la trinidad investigadora -Anticorrupción, Instrucción 18 y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil- no ha dejado de indagar, aunque hasta ahora no se habían producido declaraciones de los principales implicados.

Una situación que cambiará en breve ya que la Fiscalía Anticorrupción ha pedido al Juzgado de Instrucción 18 que pida la comparecencia de los supuestos «zombis» de Ciegsa, personas contratadas en la empresa pública, que cobraban su salario pero que no acudían a trabajar a la mercantil dedicada a la construcción de colegios.

De hecho, los agentes del grupo de delitos contra la administración de la UCO de la Guardia Civil consideran, en un informe sobre Ciegsa incorporado a la causa, que la empresa pública «prestó apoyo económico a Alfonso Rus y al partido político que éste lideró desde 2004» y que «de los indicios analizados se desprende que dicho apoyo también se vendría prestando contratando a personal en la empresa pública». De hecho, la Guardia Civil considera que aunque Rus no tenía ningún cargo institucional antes de ser elegido presidente de la Diputación de Valencia en 2007, «tendría el poder suficiente desde su puesto de presidente del Partido Popular provincial [de Valencia], para hacer cumplir sus decisiones en la empresa pública dependiente de la Generalitat».

Una contratación de personal «a dedo» y entre afines que «podría tener varias finalidades» según la UCO de la Guardia Civil. Por una parte, «contratar a personal en Ciegsa [empresa] de la que cobrarían un sueldo, pero que realmente desempeñaría su trabajo en el partido político del cual Alfonso Rus» era presidente, lo que «a juicio policial se trataría de una manera de financiación indirecta» de la formación política. Las contrataciones de personal afín también tendría el objetivo de «favorecer a ciertas personas así como situarlas en una posición estratégica y adecuada para seguir velando por sus intereses recaudatorios e intentar obtener mayor control sobre las adjudicaciones», señalan los agentes de la UCO.

Entre los enchufados por Rus, la Guardia Civil contabiliza en su informe a un total de siete trabajadores, relacionados directa o indirectamente con el PP, ya que alguno de ellos trabajaba para el partido y cobraba de Ciegsa, además de «tocarse los cojones y tocarle los huevos a Miguel Barranca», según revelaba Máximo Caturla, consejero delegado de Ciegsa, en una de las grabaciones clandestinas realizadas por Marcos Benavent.