Divalterra, la vieja Imelsa que regentó el yonqui del dinero y que en las últimas semanas ha vuelto a las portadas por batallas internas y los gastos en gintonics y licores del actual cogerente, se va a quedar en los huesos.
La decisión está tomada, aseguran en el equipo del presidente de la Diputación de Valencia, institución de la que depende la empresa. No hay vuelta atrás, agregan los hombres de Jorge Rodríguez. Quedan flecos y no hay una fecha establecida, pero la voladura controlada de Divalterra es el plan.
La idea no es nueva. Rodríguez y su equipo entraron en la diputación masticándola. Durante un tiempo quedó aparcada. Los últimos hechos la han acelerado. Levante-EMV ya publicó el pasado 22 de noviembre que el objetivo era aligerar la entidad.
La transformación definitiva, después de que el goteo de revelaciones no haya cesado, se sustanciará en tres cambios principales: el paso de los brigadistas forestales de Divalterra (550 de una plantilla total de la empresa de 700 personas) al Consorcio Provincial de Bomberos; la eliminación del área de Turismo, que pasará al patronato provincial dedicado a esta actividad, y la reducción de altos cargos al quedar la entidad jibarizada.
¿Significará ese proceso la caída de Víctor Sahuquillo, el cogerente en el ojo del huracán? En el entorno de Rodríguez, sostienen que no, pero la situación del socialista y hombre de confianza del presidente es difícil de sostener.
Los diputados provinciales del PSPV tienen previsto reunirse hoy. El pretexto es discutir los presupuestos de 2017, pero sobre la mesa estará el caso Divalterra. Según fuentes consultadas por este diario, más allá del discurso oficial, la cúpula de la diputación busca ya una salida digna para el cogerente. No es un corrupto ni ha robado, como subrayan en el equipo de Rodríguez, pero su imagen y la de la propia empresa han quedado deterioradas tras trascender las comidas „con licores para la sobremesa incluidos„ que el pasado verano realizó a cargo de Divalterra con algunos de sus colaboradores, tal como publicó Las Provincias.
Sahuquillo ha anunciado que pagará de su bolsillo esos gastos, pero el gesto se antoja insuficiente en un contexto de postcorrupción y con un Consell que ha marcado la transparencia y la limpieza política como señas de identidad.
Lo que se da por hecho es que con unos cien empleados, reducida la vieja Imelsa a la promoción económica local, la cogerencia con Compromís ya no tendría sentido, al igual que el organigrama con una decena de cargos. La presidencia provincial ya tiene informes sobre la seguridad jurídica y laboral de la transformación. Dice que ha hablado con los socios y que la voladura está encauzada. Compromís dice que acepta hablar, pero que se actúe primero sobre Sahuquillo. Por no mezclar decisiones.
