La «trama criminal», según el juez de Instrucción 2 de Sagunt, que pagaba cacerías al exconseller de Gobernación y Justicia, Serafín Castellano, se investigará finalmente en la Audiencia Nacional, según el auto de inhibición del magistrado Héctor Santamaría delque informó ayer el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.
El magistrado ha decidido envíar a Madrid la pieza separada número 1, que investiga el presunto amaño de contratos, al considerar que los investigados, entre los que figura el exconseller y ex delegado de Gobierno en la Comunidad Valenciana, Serafín Castellano, otros exaltos cargos de la Comunidad y de Cataluña y una treintena de empresarios de seis autonomías, integraban un «grupo criminal que actuaba de manera coordinada en varias comunidades y también en el extranjero» para repartirse el mercado, pactar los precios de los aviones de extinción de incendios forestales y perpetrar un presunto fraude que podría superar ampliamente los cien millones de euros.
La treintena de implicados en esta causa son investigados por los presuntos delitos de alteración del precio de concursos públicos, pertenencia a organización criminal, falsedad en documento mercantil, cohecho, malversación de caudales públicos, prevaricación y negociaciones prohibidas a los funcionarios.
El magistrado acepta los argumentos esgrimidos por la Fiscalía Anticorrupción para enviar la pieza principal a la Audiencia Nacional ya que la investigación ha constatado la «concertación» de nueve empresas de los aviones de extinción de incendios para «alterar las normas de la competencia» que se repartían «de forma extraoficial» las contrataciones públicas en España y países, como Portugal, Italia y Chile.
El cartel pactaba, en reuniones celebradas en la localidad de Manzanares (Ciudad Real), los topes mínimos con los que acudir a los concursos para «repartirse el mercado por áreas de influencia», tal como adelantó Levante-EMV.
Esta «alteración del mercado», que incluso se extendía a los concurso del Ministerio de Medio Ambiente, la han constatado los investigadores a partir de las relaciones económicas entre las compañías del sector, que «vendrían a reflejar la explotación de concursos de forma conjunta y el ajuste ocasional que pudieran afrontar por determinados aspectos». Las empresas contratistas levantaban actas de estas reuniones en las que abordaban, con orden del día establecido, cómo burlar la ley.
Las firmas contaban con la supuesta complicidad de los políticos a los que agasajaban con regalos para que facilitaran el supuesto amaño de contratos. Entre estos dirigentes beneficiados estarían el ex conseller de Gobernación, Serafín Castellano, el ex director general de Interior Pedro Hidalgo, además del alto cargo de la Generalitat de Catalunya Xavier Palmés y los responsables de Bomberos de Cataluña Manel Bosch y Ramón Dinarés, con los que el empresario de Avialsa T-35, Vicente Huerta, mantenía una estrecha relación y agasajaba con regalos y viajes, tal como ha demostrado la investigación.
