El Gobierno de Eduardo Zaplana, y principalmente el de Francisco Camps, contrajeron una deuda con la Diputación de Valencia de cerca de 10 millones de euros, en concreto, de 9,8 millones. La mayoría de este «pufo», como lo han calificado desde la actual presidencia de la corporación provincial al frente de la cual se encuentra el socialista Jorge Rodríguez, está relacionada con los planes de instalaciones deportivas que recibían los municipios valencianos.
Según los datos recogidos por la intervención general de la diputación, a los que ha tenido acceso Levante-EMV, las obligaciones de la Generalitat con la corporación provincial comienzan a desatenderse con el Plan de Instalaciones Deportivas (PIC) de 2001-2007. En total, se adeudan 1.988.740,2 euros correspondientes a 150 proyectos de polideportivos de localidades como Sollana, Cheste, Tavernes de la Valldigna, Massanassa, Massalavés, Alzira, Riba-roja de Túria, Catarroja o Carcaixent.
En estos planes participaban la diputación y la Generalitat. La institución provincial abonaba no solo su parte, sino que adelantaba también la de la administración autonómica, esa que aún a día de hoy está sin pagar. Según los datos del Sistema de Información Contable (Sical) de la diputación, se hacía frente a los pagos de los préstamos que pedía para acometer estas obras el Ejecutivo de Camps, que entró a gobernar en 2003, y que después no podía pagar (en la etapa anterior de Zaplana y durante el breve paso de Olivas también se seguía el mismo procedimiento).
Municipios como Alaquàs, Utiel, Agullent, Manises, Castelló del Rugat, Vilamarxant, Beniatjar, Alginet o Benifairó, entre otros, participaron en los PIC de 2007-2012. Fue precisamente ese año, en 2007, cuando a la presidencia de Camps en el Consell se unió la de Alfonso Rus en la diputación. La deuda en este periodo aumentó en más de 300 millones. No creció el número de proyectos pendientes sin pagar por parte de la Generalitat, pero sí se dejó un mayor coste. En total, se deben 2.299.301,18 euros. Entre estas instalaciones que se pagaban estaban los polémicos campos de fútbol de césped artificial que después han terminado bajo investigación judicial por presuntas «mordidas».
«El cajero automático»
El problema no se corta con la llegada de Alberto Fabra al Palau. El dirigente del PP desde 2011 a 2015 también dejó agujero en las arcas de la diputación, aunque a partir de 2013 comenzó a hacerse cargo de esos préstamos que había pedido la Generalitat para pagar los trabajos. A todo ello se suman otras amortizaciones de préstamo y subvenciones compartidas, como la gestión de la casa de acogida a mujeres maltratadas en algunas mensualidades de los ejercicios 2010 y 2011.
Paradójicamente, el actual equipo de gobierno de la Diputación de Valencia, formado por el PSPV, Compromís, EUPV y València en Comú, ha conocido este agujero a través de una petición del propio grupo del PP en la corporación provincial. En el pleno del mes pasado, el Partido Popular solicitó la relación de cuentas pendientes de la Generalitat para con la institución, acusando a sus dirigentes de convertirla en «el cajero automático» de la Generalitat. Esta crítica es reiterada entre las filas populares, sobre todo cada vez que la diputación anuncia una nueva colaboración con alguna de las conselleries surgidas del Pacte del Botànic.
«Esto no es ser el cajero automático, sino el banco de la Generalitat de Camps», recriminan ahora fuentes de la diputación, que aseguran a su vez que actualmente no se suma deuda entre la Generalitat y la diputación porque «ya no se firman este tipo de convenios». Además, las mismas fuentes apuntan que, «dado el actual estado precario» de las cuentas de la Administración, no van a plantar batalla por esta deuda.
