Entre los 47 beneficiarios de aquellas pensiones asistenciales, y que ahora han perdido tras la revisión de expedientes ordenada por el Gobierno, está Everilda, una anciana de 94 años de Massamagrell con un ceguera casi total y problemas de movilidad, tal como adelantó en exclusiva Levante-EMV. Obtuvo una prestación hace más de tres décadas, cuando ya vivía empadronada en el domicilio de su hermana Esperanza y su cuñado. «Incluso figuraba en la misma cartilla de la Seguridad Social de mi padre», comentaba su sobrina.

Hace unas semanas recibió la carta de la Generalitat en la que se le informó de que su ayuda presentaba una incompatibilidad al comprobar, tanto en los registros de la Seguridad Social como en los de Hacienda, que «los ingresos de los que dispone usted y su familia son de 8.905 euros» al año, una cantidad muy superior de la que le da el Estado: 144 euros al mes. Las ganancias a las que apunta el Gobierno corresponden a la pensión por viudedad que cobra la hermana de Everilda, desde hace 24 años. «Desde entonces, la situación de ambas no ha cambiado, siguen viviendo juntas y cobrando lo mismo. No sé por qué ahora le retiran la pensión a mi tía», criticó su familiar.

Ante esta tesitura, el departamento técnico de la conselleria de Políticas Inclusivas de Mónica Oltra está revisando uno por uno los 47 casos de las personas que han perdido su prestación. La intención es cribar qué casos pueden ser susceptibles de acogerse a la aplicación autonómica de la Ley de la Dependencia. Una vez contabilizados los posibles benefactores se les remitirá una nueva carta indicándoles su situación y los trámites a realizar para conseguir otra subvención, que probablemente será de mayor cuantía a la que estaban percibiendo hasta ahora del Estado.