La Fundació de Investigació Biomédica del Hospital General Universitari de València (HGUV) gastó 27.956,39 euros en viajes y cursos sin justificar sólo en 2015. Los gastos irregulares se han detectado tras realizar una auditoría ordenada por los actuales responsables de la Diputación de Valencia, que preside Jorge Rodríguez, en colaboración con la consultora Russell Bedford. La Fiscalía de Valencia ha abierto diligencias de investigación penal tras la denuncia de la actual gerente de la fundación, Raquel Gálvez.
La auditoría revisó cinco contratos de los doce licitados mediante procedimiento negociado y 21 de los 291 adjudicados mediante contratos menores -sin concurso- por los anteriores gestores. Respecto a estos último, la auditora detectó la adjudicación directa a la misma agencia de viajes de «2.153,96 euros más IVA en concepto de gastos de desplazamientos y estancia de personas que no están en la nómina de laFundación». Un gasto que, según ha revelado el expediente, «fueron autorizadas por el director del servicio» de una especialidad del Hospital General. Igualmente, también se cargaron a las arcas públicas «Gastos de desplazamientos meses de julio y agosto del equipo destinado en Perú» y que alcanzaron los 6.500 ?. No obstante, la auditoría ha detectado que las facturas pasadas «no detallan, ni justifican qué personas han realizado los desplazamientos, ni hay albaranes, ni tickets que acrediten la realidad de los desplazamientos, ni hay autorización del gasto, ni presupuesto previo».
Se da la circunstancia que el anterior gerente del Hospital General, Sergio Blasco, era el representante en Lima de la unión temporal de cuatro empresas españolas creada para construir dos hospitales en Perú mediante la colaboración público-privada y exportando el modelo Ribera Salud en Alzira y Manises. Una operación que investigaba la Fiscalía Anticorrupción y el Juzgado de Instrucción 6 de Valencia en dos piezas separadas, aunque una ya ha sido archivada. También tres de las empresas que participaban en este consorcio -BM3, Eresa y Ribera Salud- están siendo investigadas por la justicia en otras tantas causas judiciales.
El resto de pagos irregulares detectados por la auditoría se refieren a dos facturas de 2007 y 2010 de 2.277,18 euros y 2.225,25 euros, respectivamente, aunque contabilizadas en 2015. Y, como ayer adelantó Levante-EMV, un curso de 14.800 euros pagado a «una persona que no formaba parte de la Fundació de Investigació Biomédica».
Sobre la auditoría realizada que ya está en manos de la Fiscalía, la diputada de Salud, Mercedes Berenguer, destacó ayer que se han detectado «una veintena de deficiencias en la gestión económica durante 2015 que permiten aventurar indicios de delito y un uso de la Fundación, de naturaleza pública, como una institución privada». Berenguer asegura que «desde que llegamos a la diputación hemos colaborado con la Justicia para que los bienes públicos, gestionados por algunos en beneficio de la empresa privada, vuelvan a estar al servicio de los ciudadanos y vamos a continuar en esta línea». La diputada provincial de Ciudadanos y consejera del Patronato Mamen Peris también asegura que los indicios de irregularidades «aportan datos escandalosos y con numerosas actuaciones constitutivas de delito». El actual patronato de la fundación «votó por unanimidad denunciar los hechos ante la Fiscalía porque era nuestra obligación porque, de lo contrario, seríamos cómplices y con la corrupción no se juega».
