La consellera de Justicia y Administraciones Públicas, Gabriela Bravo, ha dado ya el primer paso para poner en marcha una vía extraordinaria que permita a los interinos de la Generalitat convertirse en funcionarios. El proceso, adelantado en su día por Levante-EMV, se ha plasmado ya por escrito en un documento que hoy viernes el Consell podrá en la mesa para que los sindicatos lo firmen. Se trata del acuerdo por el que se establecen los criterios comunes de las convocatorias de las ofertas de empleo público para los años 2017, 2018 y 2019, es decir, para lo que resta de legislatura.
En el escrito, al que ha tenido acceso este diario, y que se analizará en la Mesa General de la Función Pública, se especifica que en los próximos dos años se llevarán a término dos modalidades de concurso oposición: el de consolidación dirigido de forma específica a los interinos; y el ordinario, abierto a todo el mundo.
El acceso diferenciado se desarrollará en torno a tres criterios. Así, el número de plazas que se convocarán serán aquellas «de carácter estructural de los distintos cuerpos y escalas que estén dotadas presupuestariamente y que se encuentren ejercidas de forma interina con anterioridad al 1 de enero de 2005». Es decir, tal como ha venido contando este diario, Bravo se cura en salud y se acoge a la disposición cuarta del Estatuto Básico del Empleado Público que regula estos procedimientos específicos para reducir la tasa de temporalidad.
El acuerdo establece que los procesos contarán con pruebas de contenido teórico y práctico y la valoración del examen será del 60% mientras que la fase de concurso puntúa el 40%. Estas condiciones facilitan la conversión de interinos en fijos, aunque sometiéndose a un proceso selectivo. Las ventajas, sin embargo, son evidentes, ya que sólo el colectivo de temporales podrá optar a esta oposición, es decir, los interinos competirán entre ellos, pero no contra opositores de la calle.
La vía explorada por la conselleria es distinta, por tanto, a la que hace una década ejecutó el Consell del PP para reducir la tasa de temporalidad. El mecanismo empleado entonces (un concurso oposición abierto a todo el mundo) permitió convertir en funcionarios a unos 2.000 interinos, la mitad de los que existían en la Administración del Consell y sin contar al personal sanitario.
En la fase de concurso, tener experiencia laboral en la Generalitat llegó a puntuar hasta un 30%, lo que permitió que interinos con notas más bajas en los exámenes se situaran por encima de aquellas personas de fuera de la Administración con mejor resultado en la oposición. Sin embargo, algunos funcionarios de carrera también se presentaron para promocionar. Y muchos lo lograron, lo que redujo las opciones de los interinos que querían un acceso diferenciado. Comisiones Obreras acudió a los tribunales, pero perdió el recurso ante el Constitucional.
Fuentes de la conselleria indicaron ayer que a estas oposiciones específicas sólo podrán optar interinos, contratados laborales y eventuales de la Generalitat. Ahora bien, el número de plazas que saldrán tanto para el proceso diferenciado para el abierto no está aún decidido.
La propuesta de acuerdo especifica, eso sí, que será de aplicación al personal funcionario, estatutario y laboral al servicio de la Generalitat, es decir, el acuerdo alcanza también al ámbito sanitario. En un comunicado, Intersindical precisó ayer que, en su conjunto, las ofertas podrían beneficiar a más de 30.000 personas, si bien la conselleria precisó que el proceso está en fase inicial y que la concreción se negociará en meses posteriores.
Otras fuentes sindicales apuntaban que dados los requisitos del EBEP y el hecho de que ya se hizo un proceso de consolidación en el pasado, no son tantas las plazas que pueden salir a concurso.
Por otro lado, el acuerdo recoge también otras cuestiones generales de las ofertas, como que el contenido de los temarios y de las pruebas se diseñarán de forma que tengan relación con los puestos que salgan a concurso y que el tribunal tenga formación adecuada. La conselleria elaborará una guía de buenas prácticas para garantizar la confidencialidad en la elaboración de los exámenes.
