La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil considera al concejal del PP de Gandia y diputado autonómico Víctor Soler como supuesto autor de los delitos de fraude, cohecho y malversación en el marco del caso Púnica.
Esta acusación consta en un informe remitido al juzgado central de instrucción número 6 de Madrid, que dirige Eloy Velasco, sobre el supuesto pago irregular de servicios de 'reputación online' para el exalcalde de Gandia Arturo Torró prestados por empresas de Alejandro de Pedro, considerado el "conseguidor" de la trama corrupta Púnica.
Los investigadores subrayan las "evidencias" que sitúan a Soler como "interlocutor directo" de De Pedro para determinar dichos trabajos reputacionales, que fueron cargados al Ayuntamiento de Gandia, y la forma de pagarlos.
Según las pesquisas policiales, Soler, con el visto bueno de Torró, se puso en contacto con el vicesecretario de organización del PP local, Dionisio Ollero, para que éste buscase una forma de pagar la deuda que el consistorio mantenía con De Pedro por sus trabajos, aunque estos no fueron para el ayuntamiento, sino para el PP.
Al parecer, Ollero acordó con un empresario de la construcción de Gandia (Construcciones Gomuñoz), adjudicatario y acreedor en aquellos momentos (2013) del ayuntamiento, para que asumiese el pago de dichos trabajos.
Por estos hechos, los investigadores atribuyen a Torró los delitos de fraude, tráfico de influencias y cohecho; a Ollero los de tráfico de influencias y cohecho; a De Pedro los de fraude, malversación y falsedad, y a Sergio Muñoz (Construcciones Gomuñoz) el de cohecho.
En el informe de la UCO, de 64 páginas, se concluye que Alejandro de Pedro inició sus vínculos con el PP de Gandia en 2011 con trabajos para Torró.
Cuando éste accedió a la alcaldía, De Pedro mantuvo el vínculo laboral, aunque "los trabajos de promoción online se pasaron a facturar al Ayuntamiento", e incluyeron la puesta en marcha de un diario digital que, según la Guardia Civil, fue "una plataforma pagada con dinero municipal para lanzar mensajes favorables hacia el alcalde".
La UCO sustenta esta tesis en una conversación entre Soler y De Pedro en la que el primero se queja por determinadas informaciones publicadas en el citado diario digital y pide al empresario que reprenda a la periodista responsable de las mismas y le permita "manejar" la publicación con "personas afines".
En 2013, debido a una discrepancia en unos trabajos, quedaron varias facturas impagadas, motivo por el cual De Pedro se negó en 2014 a trabajar de nuevo para Torró hasta que no cobrase.
"Fruto del deseo del alcalde", Soler -siempre según el informe de la UCO- accedió a pagar la deuda y acordó un plan de pagos hasta mayo de 2015, fecha en la que se celebraron elecciones municipales.
A instancias de Soler y a través de Ollero, un empleado de De Pedro se entrevistó con el responsable de la constructora gandiense para acordar la facturación por los servicios prestados.
La UCO considera que los pagos no se materializaron finalmente por las actuaciones policiales y judiciales que se desarrollaron en aquellas fechas.
En su declaración ante la Guardia Civil en junio de 2015, el diputado del PP Víctor Soler reconoció la existencia de la deuda del PP de Gandia con De Pedro, pero que como tenían pensado volver a trabajar con él pensaron englobar dicha deuda en una nueva factura.
Asimismo, reconoció haber hablado con Ollero respecto de dicha deuda para que buscara alguna empresa o persona que pudiera saldarla.
Según consta en el informe, Soler indicó que "en otras ocasiones, cuando hay deudas similares con el PP, se procede de forma similar" y que era Ollero quien "se encargaba de buscar sociedades y contratar por ser una persona muy conocida en Gandia".
En esta misma declaración Soler reconoció que "no era habitual" que "una persona ajena al PP abonase una deuda" del partido, pero que este caso fue "excepcional" y que "si el pago lo realiza la empresa y posteriormente el partido se lo abona, no le parece irregular".
