La auditoría de la Sindicatura de Comptes es una tradición tan navideña como el turrón (de Xixona). Las cuentas de 2015, el año del cambio en el Palau de la Generalitat (Ximo Puig tomó posesión del cargo el 28 de junio), ofrecen escasas diferencias con las de 2014 en sus grandes trazos -déficit, gasto real, deuda-, pero el informe del nuevo síndic de Comptes sí incluye un factor no habitual hasta ahora: el lamento (documentado) por la infrafinanciación valenciana, en la línea de la denuncia reiterada del gobierno valenciano. La Comunitat Valenciana arrastra un «excesivo déficit» y una «elevada deuda», sí, pero eso sucede, apostilla, «mientras gasta menos que otras comunidades».
La deuda financiera se sitúa ya en 39.579,9 millones de euros, un 13,4 % más que el año anterior, y la razón principal del crecimiento de la deuda, dice el auditor mayor, son los mecanismos estatales para compensar la «menor financiación» valenciana. Se refiere al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), que «dificulta el funcionamiento normal» de la Generalitat.
Vicent Cucarella, un especialista en el tema (autor de El finançament valencià, de la submissió al canvi necessari), se permite incluso la «economía-ficción» en el informe de las cuentas de 2015.
Así, concluye que con un sistema de financiación equivalente al de la media de las autonomías la deuda de la C. Valenciana se habría reducido en 14.380 millones en el periodo entre 2012 y 2015 (el de funcionamiento del FLA).
De esa cantidad, 11.131 millones corresponden a la menor financiación en este periodo y 3.249 millones a los intereses pagados por este endeudamiento adicional.
Cucarella subraya que el territorio valenciano sufre un doble ajuste fiscal: el derivado de la crisis y otro originado por la «menor financiación autonómica per cápita». Esta «desigual financiación» de las comunidades, «demostrada por numerosos expertos, pero aún no corregida», sentencia, «pone en cuestión el cumplimiento del principio de igualdad de oportunidades en España», al menos en lo que se refiere a servicios públicos fundamentales.
El informe añade un dato ilustrativo más: los ingresos del actual sistema de financiación apenas cubren el 51,4 % del total de los gastos de la Generalitat en el ejercicio 2015. Eso, si se incluyen los costes de la deuda. Si se excluyen, el modelo vigente da para pagar dos terceras partes de la cuenta de gastos (el 68,4 %). La otra es la que debe cubrirse con las aportaciones extraordinarias del Estado vía FLA, que a su vez continúan elevando la cifra de deuda.
Por lo demás, el paisaje que refleja la auditoría anual es el de una Administración en situación de quiebra si se tratara de una empresa privada: el pasivo (45.092,2 millones) es más del doble que el activo (la diferencia es el patrimonio neto, con un importe negativo de 25.419,1 millones). Una Generalitat hipotecada también durante lustros, ya que existen compromisos de gasto al menos hasta 2035, y con una situación financiera «no sostenible» debido al ya comentado problema del modelo estatal de distribución de fondos entre las autonomías.
Como subrayaba sobre las cuentas de 2014, la Sindicatura pone énfasis en la «posición delicada en la liquidez y solvencia a corto plazo de la Generalitat». Es así porque el fondo de maniobra (el déficit de liquidez con el que se encontraría el Consell si tuviera que hacer frente a todos sus pagos a corto plazo) se mantiene estable con respecto a ese año, cuando mejoró bastante. Ahora está en 10.078,3 millones, frente a 10.941 en 2014.
El gasto real (14.353,9 millones) sufre escasas variaciones asimismo. Es ligeramente superior al de 2014 y está por encima de los de 2012 y 2013.
El resultado general de las cuentas valencianas en negativo en 3.707,3 millones, algo menos que en el ejercicio computado anterior (3.715). Habrá que esperar al primer año completo del bipartito para ver mayores cambios en la macroeconomía del Consell.
