Cautela, discreción y diálogo, pero también diligencia y determinación. Con este catálogo de términos la conselleria de Educación impele a los colegios a actuar cuando detecten que una familia «no reconoce la identidad (de género) expresada por el hijo o hija» y se observe «sufrimiento emocional o psicológico persistente».
Así figura en el protocolo que acompaña a la norma y en el que la orden es nítida: «El director solicitará a la inspección educativa la intervención de la UAI (Unidad de Intervención y Atención». Los representantes de estas unidades serán las encargadas de mantener reuniones con la familia para llegar a un consenso que «asegure el bienestar y la integridad física y psicológica» del menor.
Pero el documento también advierte que en casos «extremos de no colaboración» de los padres y cuando el diálogo falle se proceda a la aplicación de un protocolo más severo y la notificación mediante un formulario a la Generalitat. Ese otro protocolo es el que indica a la dirección del centro que acuda a los servicios sociales municipales y a la «dirección general competente en materia de Bienestar Social». En ese mismo protocolo, como procedimiento de urgencia, se insta a que el centro acuda a la Fiscalía de Menores, pero especifica que se trata de casos de «lesiones físicas, grave negligencia o abuso sexual» por parte de la familia del alumno.
También se alude al formulario de «notificación de posible desprotección desde el ámbito educativo», que es el que deberá ser rellenado por los responsables del centro en caso de que la familia no ceda ante la unidad de intervención para reconocer la identidad de género de su hijo.
