La Conselleria de Justicia valora la propuesta de los jueces de Valencia de ofrecer los servicios de trabajadores sociales en el juzgado de guardia o los de incapacidades y la considera una «buena idea» aunque anuncia que ya trabaja en «otras vías para garantizar una adecuada asistencia». Según fuentes del departamento que dirige Gabriela Bravo, a lo largo del mes de enero se aprobará el nuevo decreto de justicia gratuita que crea «nuevos turnos de oficio y amplia el ámbito de actuación de los servicios de orientación jurídica para dar mejor cobertura a las personas que padecen cualquier tipo de discapacidad, a los inmigrantes y a quienes cumplen penas de privación de libertad».
Y, sobre todo, se ha dado prioridad a la creación de la red de 21 oficinas de atención a las víctimas del delito que, por primera vez, pretende dar «una atención integral desde el punto de vista jurídico, psicológico y de asistencia social en el caso de que hayan sido víctimas o testigos de un delito». de hecho, «las instalaciones de Castelló, Valencia, Alicante y Elx, contarán con un equipo multidisciplinar compuesto por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y criminólogos» que darán servicio al resto de oficinas comarcales para superar el anterior modelo que sólo se centraba en la asistencia letrada a las personas que lo solicitaran.
Un tipo de asistencia y prestación que «no sólo pueden solicitar y acogerse las víctimas directas, sino las también afectadas de forma indirecta». De hecho, la Conselleria de Justicia explica que este tipo de necesidades urgentes que surgen en los juzgados de guardia «pueden ser atendidas en las oficinas de atención a las víctimas del delito» como medida de primera instancia o atención.
Además, el departamento que dirige Gabriela Bravo también ultima el anteproyecto de ley de mediación, que pretende aprobar este año, para crear «servicios de orientación ciudadana o Centros de Mediación» que ofrezcan este tipo de «atención integral al ciudadano de manera coordinada entre la Justicia y los servicios sociales de los ayuntamientos».
Orientación más potente
Se trata, explican desde la Conselleria de Justicia, de «darles una vuelta a los servicios de orientación jurídica (SOJ) y hacerlos más potentes», aunque admiten que se trata de una iniciativa a medio plazo que esperan esté en vigor antes del final de la legislatura.
Se trata, en todos los casos, de medidas integrales que buscan crear una estructura fuerte y consolidada de atención al ciudadano. «Un trabajador social en el juzgado de guardia no podrá resolver todos los problemas que se plantean a diario», reflexionan desde la Conselleria de Justicia, aunque insisten en valorar la propuesta realizada por los jueces de Valencia y secundada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) «que ya está recogida en el programa electoral del PSPV, aunque nosotros queremos hacer las cosas bien e ir más allá y crear una red potente que dé un buen servicio a todos los ciudadanos y no poner simplemente un parche».
