El sector público valenciano lleva camino de convertirse en el talón de Aquiles de un Consell que quiere marcar distancias con la etapa turbia del PP y ser referente del buen gobierno y la transparencia. Pero hay prácticas que se resisten a desaparecer como las que tienen que ver con los nombramientos «a dedo» del personal directivo, un terreno que la Conselleria de Hacienda intentó regular este verano con un decreto cuya aplicación va por barrios.
De momento, Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) ha optado por ignorar la exigencia del Consell Jurídic Consultiu (CJC) de que en la contratación de directivos se garantice la publicidad y la concurrencia. Los dos últimos fichajes de la empresa pública „el dirigente socialista Francesc Romeu y el periodista Manuel Jardí en calidad de responsables de Atención al Cliente y de Comunicación, respectivamente„ se han llevado a cabo sin que mediara proceso selectivo alguno. FGV entiende que al tratarse de contratos de alta dirección no es necesario un proceso selectivo y sostiene que los fichajes están respaldados por el Decreto 95/2016, de 29 de julio, del Consell, de regulación del régimen del personal directivo del sector público empresarial.
El citado decreto establece en su artículo 3 que la idoneidad de la elección de personal directivo debe basarse en criterios de solvencia académica, profesional, técnica, científica o artística, experiencia en la gestión pública, capacidad de liderazgo y de comunicación, entre otros méritos. Nada dice expresamente sobre el proceso selectivo más allá de que debe hacerse «de conformidad con la normativa de desarrollo de Régimen Jurídico del Sector Público». Sin embargo, este aparente encaje legal tiene una vía de agua: el dictamen del Consell Jurídic Consultiu donde la institución consultiva dejó claro que en la contratación de personal directivo debía aplicarse «procedimientos que garanticen la publicidad y la concurrencia».
En su informe, el Jurídic admite que la ley estatal 40/2015 que regula el Sector Público no exige para la elección de personal directivo la convocatoria pública. Sin embargo, considera que sí es aplicable el Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP) que establece la convocatoria pública para contratar directivos. El Jurídic consideró que su observación era esencial.
Según ha podido saber este diario, la Conselleria de Hacienda tras consultar con la Abogacía de la Generalitat optó por añadir en el texto la muletilla de que las contrataciones se harían conforme a la normativa sobre el sector público.
Distinta actuación
Y tal solución ha traído como consecuencia que las distintas entidades vayan por libre. Unos hacen procesos selectivos y otros, no. Los fichajes de FGV se han realizado sin ningún tipo de concurrencia ni publicidad. De hecho, la noticia de la contratación de Romeu, miembro de la ejecutiva de Puig pero considerado un verso suelto del PSPV, trascendió ayer porque el interesado lo publicó en su web particular. FGV emitió horas después una nota de prensa explicando los nombramientos, que debe obligar publicar en 20 días en el DOGV.
Pero no todas las entidades han actuado como FGV. Así, por ejemplo, el Instituto Valenciano de Finanzas inició en octubre el proceso de contratación de dos directivos. La convocatoria se publicó en la web del IVF y, según ha sabido este diario, hubo varios aspirantes. También en la Conselleria de Cultura existe la directriz de permitir la concurrencia. Así se ha hecho en el Consorcio de Museos y en el Instituto Valenciano de Cultura (antigua Culturarts).
