El Ejecutivo que preside Ximo Puig tendrá que ponerse las pilas y acelerar el proceso de depuración en su sector público, una de las asignaturas pendientes de la Conselleria de Hacienda. En principio, tiene dos meses para cumplir con sus propias leyes y airear por fin la relación de puestos de trabajo de las empresas y entes públicos. Esta vez ya no se lo piden solo los sindicatos; se lo exigen los tribunales. El Tribunal Superior de Justicia de la C. Valenciana ha fallado a favor de la demanda de conflicto colectivo que presentó hace unos meses la Federación de Empleados y Empleadas Públicas de la UGT contra cinco de sus empresas en la que solicitaba la difusión de las plantillas y los salarios.
En concreto, el sindicato señaló cinco entidades: Instituto Valenciano de Competitividad (Ivace), Culturarts, Vaersa, IVAM y la Entidad de Infraestructuras de la Generalitat. Exigía que se publicar la relación de puestos, tal como marca la ley, una herramienta básica para poder negociar cualquier cuestión relativa al personal y la única manera de arrojar luz sobre las contrataciones en esta pata opaca de la Administración.
En realidad, hace ya casi un lustro que el Consell debía haberlo hecho. Tal como ha venido informando Levante-EMV, en octubre de 2011 se recogió este principio de transparencia en el decreto ley del Consell de Medidas Urgentes de Régimen Económico-financiero del Sector Público, una norma con la que se inició en la etapa de Fabra el proceso de adelgazamiento de las empresas.
Ya entonces se estableció la obligación de publicar la relación de puestos de trabajo de cada una de las firmas públicas. El Consell popular, sin embargo, incumplió la ley y durante toda la legislatura de Fabra y evitó un trámite delicado.
Cabe apuntar que la difusión de las plantillas no es una cuestión menor. Permitirá por primera vez conocer con detalle tanto el número de empleados adscritos a un sector público que sufrió de gigantismo durante los años de gobierno del PP y sirvió de acomodo a sus «enchufados».
El nuevo Consell se comprometió a acabar con el oscurantismo y desde la Conselleria de Hacienda se ha apretado a las empresas para que cumplan el trámite, pero ha habido resistencias y no todos los documentos aportados han recibido el visto bueno del departamento de Vicent Soler. El compromiso es tener completado el proceso este trimestre, pero UGT no entiende el retraso ni el argumento de la complejidad del proceso. Y la sala de lo social del TSJ tampoco. Así, el tribunal entiende que «todas la entidades demandadas tenían la obligación de publicar la relación de puestos de trabajo, tal y como las mismas reconocieron en el acto del juicio y en los plazos indicados en esa normativa, sin que la complejidad de su realización por el personal afectado y su distinto régimen jurídico, pueda justificar esa falta de publicación».
El tribunal recuerda el grado de detalle que tiene que tener tal difusión. Así, debe publicarse el número, la denominación, la naturaleza jurídica, la clasificación profesional, retribuciones, forma de provisión, adscripción orgánica, localidad, requisitos para su provisión y méritos. Es decir, desnudo integral de la relación de plazas que se han mantenido en la oscuridad durante años.
El tribunal recuerda que existe normativa específica que obliga a la publicación, pero, además, recuerda que también está respaldado por la ley de transparencia. Las empresas tienen dos meses de plazo, aunque puede recurrir.
