Carmen Hidalgo, de 36 años y atropellada por la crisis, se despertaba muy pronto en su casa de l'Alcúdia. Atendía a su hija pequeña, se pasaba la mañana estudiando en el campus de Ontinyent la carrera de Educación Infantil y luego, desde las tres de la tarde hasta las once de la noche, se iba a trabajar al almacén de una cooperativa de caqui. «Mi marido tiene trabajo de media jornada y yo no iba a dejar a mi hija sin comer por yo querer estudiar: así que trabajaba y estudiaba».

Ahora ya no será necesario. Carmen es una de las 882 personas que ayer se convirtieron en los primeros universitarios con beca-salario del Consell: una paga de unos 600 euros cada mes lectivo durante los cuatro años de su formación universitaria.

Se trata de un programa pionero en España. Las becas-salario están dirigidas a los alumnos que inician por primera vez los estudios universitarios en el curso 2016-17 y que viven en hogares con pocos ingresos económicos. En todos los casos de becados, las familias reciben menos de 18.000 euros al año y la nota de su expediente académico está entre el 7,3 y el 10.

Compatible con la beca del ministerio, los elegidos reciben un pago de 4.500 euros y luego otro de 1.500. Eso permitirá a Carmen dejar de trabajar con el caqui y centrarse en los estudios universitarios, que ha iniciado para reconvertirse después de caer en el paro. «Sin esto yo no podría seguir estudiando. Sería un lujo, sí. Y hay mucha gente en mi caso», advierte.

Así es. A Josep Martínez también le han dado la beca-salario. Estudia Ingeniería Aeroespacial en la Politècnica de València. Es de Crevillent y vive en una residencia universitaria de Valencia, en una habitación triple. Él dice que, por la dificultad de sus estudios, no podría compaginar la carrera y un trabajo. «No tengo tiempo», añade. En su casa, la ayuda vendrá bien para que la soga económica no apriete tanto.

El conseller Vicent Marzà señaló ayer que con este beca de formación se busca «paliar los efectos negativos de una política estatal de Universidades y del antiguo gobierno autonómico que generaba desequilibrios flagrantes, traducidos en el descenso en un 11 % del alumnado en las universidades públicas valencianas por no poder estudiar por razones económicas».