La revisión del Pacte del Botànic que afrontan hoy en Valencia los firmantes del acuerdo que hace viable el Gobierno valenciano, Podemos, PSPV y Compromís, elimina el carácter imperativo de la ley destinada a regular el nuevo Sistema de Depósito, Devolución y Retorno de envases (SDDR) con el que se aprobó en el cónclave del Consell en Torrevieja hace menos de seis meses y saldrá del encuentro de hoy con una redacción entusiásticamente descafeinada, más en la línea de moderación y diálogo apuntada por el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, que de la imposición dialogada que representa el secretario autonómico de Medio Ambiente Julià Álvaro cuando aseguraba hace unas semanas que el nuevo modelo era «irrenunciable».

También el socio de gobierno en la sombra, Podemos, ha manifestado en privado la necesidad de madurar más el proceso y aliviar el ritmo frenético impuesto por Álvaro, que hasta ayer mismo defendía la aprobación de la ley en Las Corts en 2017 y su entrada en vigor en 2018.

A esta falta de convicción sobre las bondades del nuevo sistema que predica la conselleria de Agricultura y Medio Ambiente hay que sumar el rechazo casi generalizado de importantes sectores económicos valencianos, incluidos las influyentes cadenas de supermercados, que dudan de su efectividad y critican por sus elevados costes, unas dudas a las que se han sumado también las organizadores de consumidores.

Según ha podido saber Levante-EMV, el texto final que llegará al cónclave del botánico -todavía anoche estaba pendiente de modificaciones- invita a «impulsar todas la iniciativas posibles» en materia de gestión y tratamiento de residuos, tanto los municipales como los industriales.

Entre estas iniciativas a «impulsar» (engegar, es el término elegido en valenciano), se incluyen «los sistemas de depósito y devolución de envases que promuevan la economía circular, la disminución de la contaminación de nuestro territorio y de nuestras aguas, que convierten los residuos en recursos de tal forma que disminuya el consumo de materias primas y la emisión de gases de efecto invernadero, al mismo tiempo que se crean y promueven nuevas actividades económicas y nuevas ocupaciones ligadas al sector de la economía verde». Una larga parrafada que no difiere mucho de los argumentos empleados por Álvaro para defender la puesta en marcha del SDDR, que presenta como una solución mucho más eficiente que el actual Sistema Integrado de Gestión (SIG).

Sin embargo, su encaje en el documento que se firmará en Sagunt dista mucho del que recoge el listado de «compromisos» adquiridos por el Consell en el Seminari de Estiu celebrado en Torrevieja el verano de 2016.

Entre los 50 medidas aprobadas en el citado encuentro, celebrado tras un año de gobierno conjunto PSPV-Compromís, con el apoyo de Podemos, figuraban seis atribuidas a la conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural.

El Consell se comprometía entonces a aprobar una «ley de protección adicional del territorio y el medio ambiente» que regulase «la implementación del sistema de depósito, devolución y retorno de envases de bebidas, con el objetivo de mejorar la reducción, reutilización y reciclaje de residuos».

De hecho, la ley ya ha iniciado aunque de forma muy tímida su tramitación mediante la apertura dentro de la página web de la Conselleria de Agricultura y sin publicidad previa de una «consulta ciudadana» sobre el «anteproyecto de ley de Protección Adicional del Territorio en la Comunitat Valenciana» mediante la implantación de un SDDR de envases de bebidas «susceptibles de abandono» en el territorio valenciano.