La Conselleria de Hacienda ha decidido vacunarse ante futuros litigios que supongan un coste para las arcas autonómicas con una regulación sobre contratos de alta dirección en el sector público que supondrá para los elegidos una suerte de despidos exprés. A partir de ahora los directivos con nómina en las empresas públicas podrán ser despedidos sin más motivo que el que así lo decida el consejo de administración.
Se irán a la calle con una indemnización de sólo siete días por año trabajado, un escenario muy diferente al que han disfrutado los fichajes de la etapa anterior. Este personal directivo (también contratados de a pie) está suponiendo un auténtico quebradero de cabeza para los actuales gestores ya que muchos de ellos se han ido con cuantiosas indemnizaciones y/o reclamando más dinero en los tribunales. Nada será igual a partir de ahora, porque a diferencia del personal laboral, la Generalitat ya no tendrá que justificar el despido. Para ello, se ha acogido a un Real Decreto sobre contratos de alta dirección de hace más de 32 años.
Una de las personas que más guerra ha dado a la conselleria es la exdirectora general de la Sociedad Proyectos Temáticos, Laura Matilla, a quien el consejo de administración reclamó la devolución de 1.305 euros en concepto de dietas que una auditoría consideró percibidas indebidamente, tal como informó este diario. Matilla respondió con una demanda por los social en el que consideraba su despido nulo. La exdirectiva también reclamaba más dinero al estar en desacuerdo con el finiquito.
Este caso fue polémico, entre otras cosas, porque la exresponsable tenía un coche de empresa a su servicio que usaba los fines de semana. Los tribunales, sin embargo, han desestimado una reclamación que hubiera costado al Consell 75.000 euros. No obstante, le ha dado la razón en lo referente a las dietas. El Consell, sin embargo, quiere pelear estos euros y la Abogacía estudia ir por la vía civil.
Hay otros casos del coste que ha supuesto despedir a personal que, como en el caso de Inmaculada Guaita, tenía vinculos directos con el PP. A la exdiputada nacional se le hizo un traje a medida en Proyectos Temáticos como responsable de Relaciones Institucionales con la Generalitat, un puesto sin cometido que ha sido eliminado. Echarla le costó al Consell una indemnización de 16.897 euros.
