La defensa del diputado no adscrito en las Corts y exconcejal del PP de Valencia, Miquel Domínguez, investigado por presunto blanqueo de capitales, intenta desvincularlo ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) del grupo municipal popular en el Ayuntamiento de Valencia. Es la estrategia que se desprende de las preguntas realizadas por su abogada durante la primera comparecencia que se celebra en la causa que se instruye en el TSJCV y que ayer obligó a comparecer a tres de los cuatro asesores del PP en el Ayuntamiento de Valencia en 2015, que se negaron a participar en el pitufeo para supuestamente blanquear 50.000 euros procedente de dinero negro mediante la aportación de 1.000 euros por todos los concejales, asesores y exediles que después, presuntamente, se les devolvía en dos billetes de 500 euros.

La letrada de Domínguez insistió en sus preguntas sobre la ubicación física de Domínguez en la sede de la Policía Local de Valencia en la avenida del Cid, ubicada a 2,3 kilómetros del Ayuntamiento de Valencia, donde estaba ubicado el grupo municipal popular donde presuntamente se cocinó toda la operación del pitufeo que investigan los tribunales. La defensa del diputado no adscrito incluso llegó a justificar ante el tribunal que durante la fecha en la que se cometieron los hechos -marzo y abril de 2015- Domínguez tenía un problema familiar que lo distanció del grupo popular.

A pesar de este distanciamiento y que Domínguez no repetía como candidato en la lista electoral municipal, aunque sí que optaba a las Corts por la circunscripción del PP de Valencia, el exconcejal hizo la aportación de mil euros, junto a los otros 48 ediles, exconcejales y asesores, aunque siempre ha negado que se los devolvieran en dos billetes de 500 euros.

De hecho, su letrada reiteró este extremo al finalizar las declaraciones. «Es inocente», defendió, mientras aseguraba que su defendido comparecerá ante la instructora de su causa en el TSJCV, Pía Calderón, «cuando se le cite a declarar».

Respecto a los testigos que comparecieron ayer, los tres exasesores se ratificaron en las declaraciones realizadas ante la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y el Juzgado de Instrucción 18 de Valencia, en las que relataron su negativa a participar en las aportaciones, sobre todo cuando conocieron que se les iban a devolver los 1.000 euros en dos billetes de 500 euros. Y también las presiones que recibieron por parte de la secretaria del grupo municipal, Mari Carmen García-Fuster, o el asesor de Miquel Domínguez, Julio Valero, para que participaran en la operativa bajo las amenazas de que ellos, o en algún caso su pareja, podían perder su puesto de trabajo.