Rafael Soler sucedió a Marcos Benavent en la gerencia de la empresa pública Imelsa en el cargo y en el sueldo, según consta en el acuerdo suscrito por el presidente del consejo de administración, Alfonso Rus, el 8 de enero de 2015. El contrato laboral de alta dirección de Rafael Soler al frente de la empresa pública dependiente de la Diputación de Valencia suponía «recibir las retribuciones que percibía el anterior gerente», lo que se tradujo en una retribución bruta anual de 77.526,18 euros abonados en «doce mensualidades y dos pagas extraordinarias a razón de 5.537,58 euros brutos cada una de de ellas».

Con el nombramiento, Soler también obtuvo poderes plenipotenciarios en Imelsa para poder contratar con un límite de hasta 150.253,03 euros. Una cantidad que actualmente se ha rebajado a los 18.000 euros por los gestores de la heredera de Imelsa, Divalterra.

La batalla contra la antigua Imelsa para anular su despido como gerente no es el único litigio que Soler ha intentado abrir con la empresa de la que sigue siendo miembro del consejo de administración. El diputado provincial popular era el que suscribía la denuncia contra Divalterra presentada ante la Fiscalía Provincial de Valencia por fraccionamiento de contratos y presuntas irregularidades en las licitaciones, que el Ministerio Público decidió archivar, como adelantó Levante-EMV, un mes después de que Soler denunciara estos hechos.