Los dos investigadores de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) han ratificado en el juzgado, en una declaración por videoconferencia, las conclusiones incluidas en su informe de junio de 2016 en las que ratificaban que hubo «presuntas irregularidades y fraude», y «debilidades en el sistema de gestión y control» en las ayudas europeas concedidas a tres proyectos y actuaciones de la Hoya de Buñol-Chiva.
La OLAF fue creada por la Unión Europea y su misión principal es la lucha contra el fraude, así como contra la corrupción y cualesquiera otras actividades, que afecten al presupuesto de la UE. En este caso concreto, los dos investigadores realizaron el informe „con visitas en persona incluso a la comarca la Hoya de Buñol-Chiva y a la Conselleria de Agricultura„ desde octubre de 2014 a junio de 2016 por petición de la Fiscalía de Valencia y tras la denuncia presentada por los secretarios generales del PSOE de Buñol y Yátova sobre tres actuaciones financiadas de manera presuntamente irregular con fondos Ruralter-Leader.
El pasado 13 de enero los dos peritos de Bruselas ratificaron ante un juez de Valencia las principales conclusiones de su investigación: hubo presuntas irregularidades en la tramitación y adjudicación del Espai Jove de Chiva, en la contabilidad y funcionamiento de la denominada Fundación Desarroya y en las subvenciones otorgadas a una escuela de música en Siete Aguas.
Fuentes de la causa judicial confirman que ambos técnicos de la UE reafirmaron que «no se cumplieron las normas de contratación» en estos procedimientos lo que podría suponer un perjuicio económico para las arcas europeas ya que las actuaciones subvencionadas con fondos públicos exigían más y eficientes controles.
Hasta cinco de los siete letrados de los acusados en la investigación abierta por prevaricación preguntaron a los técnicos de Bruselas sobre el informe y sus conclusiones. «En algún caso trataron de hacerlos caer en supuestas contradicciones pero no lo lograron en absoluto pues los peritos de la OLAF supieron en todo momento argumentar bien las conclusiones de su informe», señalan fuentes del proceso judicial.
El dictamen de Bruselas que se ha tomado en un juzgado valenciano como base para la investigación por presunta prevaricación contra hasta cuatro exaltos cargos del PP de la Generalitat „Amparo Montoro, Ana María Pont, María José Bayarri y Marcial Díaz„ y dos exalcaldes „Rafael Lisarde y Rafael Zahonero„, concluye que el daño económico causado por estas presuntas irregularidades rondaba los 151.500 euros.
Además, en la parte final del informe, deja abierta la posibilidad de que se pudiesen haber cometido otras supuestas irregularidades en el conjunto de ayudas concedidas entre 2008 y 2013, que sumaban 61 millones de euros. La OLAF venía a concluir que si fallaron los controles en estas subvenciones lo lógico es pensar que fallaron también en otras de la misma época.
