El grupo de parlamentarios no adscritos en las Corts Valencianes tiene tendencia natural a engordar. Cumplido año y medio de legislatura dos diputados han abandonado sus grupos de origen para integrarse en el de parlamentarios repudiados. La previsión es que el número aumente como consecuencia de las investigaciones judiciales en marcha.
Los diputados tienen derecho a despacho en la cámara por lo que en el parlamento valenciano han empezado ya a pensar en una ampliación del espacio que dedican al grupo de no adscritos.
Ahora la diputada expulsada de Podemos Covadonga Peremarch, que inauguró el grupo a principios de legislatura, y el del PP Miquel Domínguez, apartado por su investigación en el caso Taula, comparten un único despacho en la tercera planta de las Corts.
Pero en el punto de mira aparecen varios diputados inmersos en distintas causas judiciales. Se trata de los populares Alfredo Castelló y Víctor Soler, y el de Ciudadanos Domingo Rojo.
El primero ha sido alcalde de Sagunt en los años objeto de una investigación contra la corrupción dirigida por un juzgado de instrucción de la capital del Camp de Morvedre que achaca a una decena de ediles y al propio Castelló presuntos delitos de prevaricación y cohecho. El pasado 19 de octubre agentes de la Udef registraron dependencias municipales en Sagunt en busca de documentación de las dos últimas legislaturas, ambas con Alfredo Castelló como máximo responsable.
El juzgado ya dirigió un escrito a las Corts Valencianes en enero para preguntar por la condición de diputado del exalcalde saguntino. Preguntado cuando saltó el escándalo sobre si dejará el cargo, Castelló respondió: «Eso habrá que preguntárselo a Isabel Bonig».
También es objeto de investigación el diputado del PP Víctor Soler, uno de los más jóvenes de la cámara. El diputado fue requerido por la Audiencia Nacional para declarar como investigado y acompañado de abogado por una investigación abierta en relación a la vinculación del Ayuntamiento de Gandia con la trama Púnica y por la que declararon el exalcalde Arturo Torró y el dirigente popular en la capital de la Safor Dionisio Ollero. Según ha sabido este diario el propio Soler presentó un escrito a las Corts para que acreditara su condición de aforado antes de que lo hiciera el juez, que ya ha recibido ese documento por parte del propio Soler. La pasada semana el grupo Compromís exigía a la síndica del PP, Isabel Bonig, que exigiera el acta al diputado. La investigación sitúa al presidente del PP de Gandia y diputado en les Corts en el centro del acuerdo con De Pedro para que una constructora pagara facturas del Ayuntamiento a empresas de la trama.
También está inmerso en un procedimiento judicial el diputado de Ciudadanos Domingo Rojo, que sustituyó el pasado febrero a Carolina Punset y está pendiente de juicio por un presunto delito de apropiación indebida. La actual dirección del grupo que lidera Alexis Marí defiende que el caso no tiene que ver con la corrupción y se remonta a los años en que administró una constructora, pero un sector de C's reclama que se le exija el escaño y pase a los no adscritos porque su situación no es de investigación sino de procesamiento.
La causa la instruyó un juez de primera instancia, pero llegó a la Audiencia. Sin embargo, la condición de aforado del diputado deja dudas sobre si es la Audiencia o el TSJ quien tiene que juzgarlo.
