No pudo ser en el Gobierno ni en el segundo escalón, pero la puerta podría estar abierta en Génova. La cúpula regional del PP valenciano que dirige Isabel Bonig está trabajando para que Mariano Rajoy tenga un gesto definitivo a favor de la organización valenciana y sitúe en su núcleo duro ( o lo más cerca posible) a algún dirigente de peso del PPCV. Aunque en la organización valenciana se resisten a hablar de nombres, una de las personas mejor posicionadas para dar el salto a Madrid sería la coordinadora general, Eva Ortiz. La dirigente se ha convertido en la mano derecha de Bonig y en una de las piezas claves de un partido que ha vivido un año y medio horribilis tras perder el poder en las autonómicas de 2015.
Ortiz forma parte de la nueva generación de populares que enarbola un discurso liberal y de regeneración. Además, tiene experiencia (fue europarlamentaria) y sería una cara nueva que contribuiría a dar la imagen de renovación que ya buscó el PP con nombres como el de Andrea Levy, Javier Maroto o Pablo Casado. La coordinadora ha conectado a la perfección con este grupo de dirigentes. A su favor juega también que carece de pasado en la gestión del Consell , por lo que ningún caso turbio podría salpicarle. Esta cuestión no es menor ya que desde Madrid desde hace mucho tiempo se mira con lupa el pasado de los cargos, sobre todo si provienen de la Comunitat Valenciana, dada la acumulación de escándalos que han deteriorado la marca.
Aunque Ortiz sería para Bonig la candidata perfecta, la pelea clave del PPCV va más allá de los nombres. El objetivo es que la organización no se quede, como hasta ahora, fuera de los círculos de influencia. El poder valenciano en Madrid se ha reducido a la nada en la formación del Gobierno de Rajoy. Cayeron el ministro García-Margallo (no era valenciano, pero se consideraba dentro de la cuota valenciana) y los altos cargos de Sanidad, Susana Camarero y Rubén Moreno. A cambio no entró nadie con DNI valenciano: ni en el primer escalón ni en el último.
Fuentes del PPCV apuntan que hubo conversaciones para fichar a un dirigente valenciano, pero al final el elegido desechó la oferta. El nombre, no obstante, no ha trascendido.
Bonig se agarró al argumento de que lo importante era situar la agenda valenciana en los ministerios, pero la invisibilidad del PPCV ha dolido. Aquellos que conocen bien cómo funciona el partido saben de la importancia de tener una especie de comisionado en la dirección nacional. Alguien que conozca el partido, las personas y las estrategias. Este papel lo vino haciendo mucho tiempo el portavoz del PP en Estrasburgo, Esteban González Pons. El exconseller sigue con silla en el sanedrín, pero está cada vez más desvinculado del PPCV y centrado en su trabajo en Bruselas.
Voces en el comité ejecutivo
Algunas fuentes apuntan a que Rajoy tiene previsto ampliar el número de vicesecretarías y de mujeres en su sanedrín. Es aquí donde algunos ven la vía de entrada de Eva Ortiz. No obstante, en el PPCV se prefiere no definir el objetivo y se valoraría un segundo o tercer nivel como otra secretaría ejecutiva (la valenciana Susana Camarero es responsable en la actualidad de formación y podría continuar en esta plaza ) o una ampliación en el comité ejecutivo en el que se toman las grandes decisiones del partido. Forman parte de este órgano, que ayer mantuvo una reunión para fijar el reglamento del próximo congreso, las siguientes caras valencianas: González Pons, Bonig, los senadores Susana Camarero y Pedro Agramunt, el diputado nacional Gerardo Camps y el presidente del PP de Alicante, José Císcar. También tuvo este privilegio la exalcaldesa Rita Barberá. Su fallecimiento ha dejado libre una silla. Ortiz, por su parte, no forma parte del órgano. Su entrada parece segura.
El guiño que la dirección regional espera de Rajoy se fundamenta también en el papel colaboracionista que estos días ha tenido con Génova respecto de las enmiendas a las ponencias que se debatirán en el congreso. Bonig ha renunciado a plantar cara por las primarias, como ha hecho la madrileña Cristina Cifuentes, y ha negociado con Madrid algunas enmiendas más descafeinadas, como la que precisa que sólo con una mayoría cualificada de dos tercios los compromisarios podrían cambiar el voto de los militantes.
Pese a que era un compromiso con sus bases y una de las señas de identidad del nuevo PPCV, Bonig y su equipo han evitado enfrentarse en cuestiones como las líneas rojas o incluso la limitación de mandatos o el fin de los aforamientos. Estas dos últimas cuestiones han sido objeto de enmiendas, pero de forma muy matizada. No se pide que se incluya en los estatutos, sino simplemente que se abra el debate y se llegue al consenso con otros partidos.
